En Entre Ríos, hay jueces que no se jubilan: se enquistan. Y el emblema máximo de esa permanencia es Daniel Carubia, vocal del Superior Tribunal de Justicia desde hace 37 años. Su historia no es solo la de un juez con trayectoria, sino la de un hombre que supo transformarse en el núcleo duro del poder judicial entrerriano, y uno de los pilares de la impunidad institucional.
El origen: de socio político a juez eterno
Carubia no cayó del cielo: fue socio político de Jorge Busti, con quien compartió proyectos, estrategia y lealtades. Su llegada al Superior Tribunal se dio durante el primer mandato de Busti como gobernador, en 1987. En el Senado, la votación por su pliego quedó empatada, y fue el entonces vicegobernador Domingo Daniel Rossi quien, a pedido de Busti, aportó el voto decisivo para su designación,luego años mas tarde seria quien desenmascare ese armado.
Daniel Carubia: 37 años en el poder judicial y una estru
El rol de Carubia en la institucionalización de la impunidad
En estos 37 años, el Poder Judicial de Entre Ríos no logró una sola condena relevante por corrupción estructural. Tampoco promovió investigaciones de oficio frente a hechos de alto impacto institucional. Los expedientes sobre desvíos de fondos, licitaciones direccionadas o lavado de activos quedaron archivados o recayeron sobre actores menores, sin alcance real.
La estructura judicial permitió que los delitos contra la administración pública fueran tratados como faltas administrativas. Esta cultura de impunidad se fortaleció en torno a figuras que, como Carubia, sostuvieron una alianza implícita con los distintos gobiernos peronistas y también con la gestión actual, que mantiene los mismos pactos de no agresión.
El fin del sistema inquisitivo y la interna con Jorge García
La transición al sistema acusatorio no modificó sustancialmente la lógica del poder judicial entrerriano. Si bien se publicitó como una reforma estructural, en la práctica solo desplazó el conflicto hacia una interna silenciosa entre el Superior Tribunal y el Ministerio Público Fiscal.
En este marco se profundizó la disputa entre Daniel Carubia y el procurador Jorge García. Lo que aparentaba ser una diferencia técnica o doctrinaria —entre causalistas y finalistas— terminó siendo una lucha por el control del sistema: nombramientos, fiscales, recursos, visibilidad pública. Quienes conocen detalles hablan de motivosa bastante mas mundanos.
Esta confrontación dejó expuestas las limitaciones reales de la independencia judicial: las decisiones se tomaron con criterios personales, políticos y disciplinarios, no jurídicos.
Goyeneche, la enemiga interna: acusaciones cruzadas y maniobras
En este contexto se inscribe la caída de la fiscal Cecilia Goyeneche, quien investigaba una de las redes de corrupción más importantes de la historia provincial, y amenazaba con abrir el periodo que entre 20007 y 2011 llevo adelante BUSTI en diputados y asi mejorar la situacion de su marido los años posteriores. Finalmente Goyenehce fue destituida por decisión del Jurado de Enjuiciamiento, con intervención activa de Carubia, a quien Goyeneche señaló públicamente como el autor intelectual de su remoción.
Actualmente, Carubia estaría operando políticamente para impedir su reingreso al Poder Judicial, pese a que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —que anuló su destitución— le abrió el camino legal para retornar.
Una familia estatal
Más allá de su rol como vocal del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Carubia consolidó a lo largo de los años una red de inserción familiar dentro del aparato estatal, con presencia sostenida en distintas áreas del gobierno provincial, el Poder Judicial y entes descentralizados.
Una de sus hijas se desempeña como empleada del Tribunal Electoral de Entre Ríos, en una estructura donde el propio STJ ejerce poder de control e intervención sobre los procesos partidarios. Otro familiar, Cánepa, integra el Poder Judicial provincial, consolidando la continuidad del apellido en los resortes internos de la magistratura.
Por su parte, Santiago Carubia tuvo funciones en el Instituto Autárquico del Seguro de Entre Ríos (IAER), organismo que durante la gestión de Gustavo Bordet fue conducido alternativamente por los hermanos de los entonces vicegobernadores Adán Bahl y Laura Stratta, en una estructura compartida entre poder político y administración paraestatal.
Actualmente, uno de los hijos de Carubia cumple funciones como secretario del ministro de Gobierno y Justicia, Manuel Troncoso, completando así una red de vínculos que abarca los tres poderes del Estado y consolida una presencia familiar estratégica y silenciosa.
El poder de Carubia no se limitó nunca a su despacho. Se extendió con apellidos, designaciones y lealtades, operando como una dinastía judicial no declarada pero plenamente funcional.
La herencia judicial: Paola Firpo y la sucesión interna
Frente a una vacante próxima en la Sala Penal del STJ, muchos sectores esperan que el gobernador Rogelio Frigerio impulse el regreso de Goyeneche al máximo tribunal. Sin embargo, diversas fuentes señalan que Carubia estaría promoviendo el nombre de Paola Firpo, jueza de carrera, como sucesora natural.
Si bien Firpo no es parte de su familia directa, se la menciona como “la hija judicial” de Carubia: fue impulsada por su entorno, coincide en criterios jurisprudenciales, y respondería a la misma lógica interna de disciplinamiento vertical.
Conclusión
El caso de Daniel Carubia es paradigmático. Representa un modelo de poder judicial que no se controla, no se renueva y no rinde cuentas. Su permanencia de 37 años en el cargo, su rol en el sostenimiento de la impunidad estructural y su participación activa en internas judiciales de alto impacto lo convierten en una figura central para entender por qué la justicia entrerriana no avanza.
Mientras las estructuras sigan reproduciéndose a través de pactos, silencios y herencias internas, el problema no será un juez.
Será un sistema.
