La intendenta de Paraná volvió a poner sobre la mesa su viejo capital político: el conocimiento del Estado, de la Justicia y de los resortes institucionales. En medio del debate por la reforma previsional, su advertencia no fue una frase al pasar. Fue un mensaje.
La discusión por la reforma previsional de Entre Ríos dejó una frase que merece leerse con atención política. Rosario Romero, intendenta de Paraná, ex ministra de Gobierno y Justicia de Gustavo Bordet y una de las voces con mayor recorrido jurídico dentro del peronismo entrerriano, advirtió en el Senado que no había que “gastar honorarios al cuete”.
Traducido: si el gobierno de Rogelio Frigerio insiste en avanzar con una reforma mal calibrada, el camino puede terminar en la Justicia.
La frase fue presentada como un llamado a evitar la judicialización. Pero en boca de Romero tiene otro peso. No habla una dirigente ajena a los tribunales, ni una intendenta que recién descubre los pliegues legales del Estado. Habla una abogada con décadas de ejercicio profesional, ex legisladora, ex ministra del área política y judicial de la provincia, y actual jefa municipal de la capital entrerriana.
Romero sabe exactamente qué significa pronunciar esa frase en una comisión del Senado. Sabe que, en política, advertir también es condicionar. Y sabe que cuando se menciona la palabra “honorarios” frente a una reforma previsional, no se está hablando solamente de abogados: se está anticipando un posible frente de conflicto institucional.
El punto de fondo es la Caja de Jubilaciones. El gobierno provincial sostiene que el sistema previsional entrerriano atraviesa una crisis que ya no admite demoras. Los números oficiales son contundentes: el déficit operativo del primer trimestre de 2026 fue de $135.601 millones, unos $45.200 millones mensuales. Sobre esa base, Frigerio busca declarar la emergencia previsional, aumentar aportes, modificar reglas y extender la carga también sobre municipios y comunas adheridas al régimen.
Pero allí apareció la resistencia municipal. Intendentes radicales, vecinalistas y peronistas coincidieron en que la crisis de la Caja no puede descargarse linealmente sobre las administraciones locales. Pidieron gradualidad, mecanismos compensadores y una discusión más fina sobre quién debe hacerse cargo del desequilibrio acumulado.
Romero y Adrián Fuertes plantearon que los municipios no son los grandes responsables del déficit, rechazaron una mayor presión sobre las cuentas municipales y pusieron el acento en los derechos adquiridos, el 82% móvil y la delegación de facultades al Poder Ejecutivo.
Ahí solo no está el núcleo político de la advertencia. La intendenta de Paraná no sólo objetó el costo fiscal para los municipios. También cuestionó el poder que el proyecto le daría al Ejecutivo para mover piezas sensibles del sistema previsional. “Una firma abierta para el Ejecutivo no va”, fue, en esencia, el límite que marcó.
No es una discusión menor. Una reforma previsional puede aprobarse con votos, pero si nace jurídicamente débil puede convertirse en una fábrica de amparos, cautelares y planteos de inconstitucionalidad. Esa es la puerta que Romero dejó entreabierta.
Y lo hizo desde un lugar incómodo para el oficialismo, pero también para el propio peronismo. Porque el PJ gobernó Entre Ríos durante veinte años y convivió con el deterioro de la Caja. Muchos de los que hoy piden prudencia fueron parte del ciclo político que no resolvió el problema. Esa mochila existe. Frigerio la explota. Y no sin razón.
La paradoja es evidente: el peronismo que no corrigió la bomba previsional ahora amenaza con judicializar la forma en que Frigerio intenta desactivarla. Y Romero, con su historia pública atada al derecho, al Ministerio de Gobierno y Justicia, al mundo de los tribunales y a los vínculos tradicionales del poder entrerriano, aparece como la vocera ideal de esa advertencia.
La frase “no gasten plata en honorarios” tiene, entonces, doble filo. Puede leerse como consejo institucional: hagan una ley buena, eviten juicios innecesarios. Pero también puede leerse como presión política: si avanzan sin negociar, nos vemos en Tribunales, donde ROMERO es pez en el agua por sus vinculos.
Ese es el mensaje que quedó flotando en el Senado. Frigerio quiere mostrar decisión frente a una Caja deficitaria. Romero quiere mostrar límites frente a una reforma que, según los intendentes, puede golpear las cuentas municipales y alterar derechos consolidados. Entre ambos queda una discusión más grande: quién paga el costo de veinte años de omisiones y cómo se reforma un sistema previsional sin convertir la solución en otro problema judicial.
La Caldera política entrerriana ya tiene su nueva chispa.
Y esta vez no salió de una consigna callejera ni de una interna partidaria. Salió de una frase breve, quirúrgica, pronunciada por alguien que conoce demasiado bien el terreno donde esa frase puede volverse expediente.
“No gasten plata en honorarios”.
La advertencia está hecha.
