Caviglia negocia una condena condicional. Uriburu sigue bajo investigación por denuncias gravísimas. Reggiardo denuncia persecución judicial. Tres historias distintas que exponen una misma discusión: la vara de la Justicia entrerriana.
Mientras el exsecretario de Industria Fernando Caviglia encontró una salida abreviada en una causa por presunta privación ilegítima de la libertad, el exfiscal Federico Uriburu continúa vinculado a investigaciones por denuncias de presunto abuso sexual y privación ilegítima de la libertad de menores, hechos que fueron ampliamente difundidos por medios provinciales y nacionales.
Nadie discute que cada expediente tiene sus particularidades. Lo que cada vez más personas discuten es otra cosa: la diferencia de trato.
Durante años, Entre Ríos acumuló escándalos como Contratos Truchos, IOSPER, Ilarraz y múltiples denuncias contra funcionarios, jueces y fiscales. Sin embargo, pocas veces se explica por qué algunos expedientes avanzan con extrema velocidad mientras otros parecen perderse en los pasillos de Tribunales.
En ese contexto aparece el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, quien desde hace años denuncia a integrantes del Poder Judicial y sostiene que existe un mecanismo de protección corporativa para determinados sectores del poder. Sus presentaciones alcanzan a funcionarios como Gamal Taleb, Dardo Tortul, Oscar Rossi, Alejandra Gómez, Roberto Javier Cadenas, Fernando Martínez, Rodrigo Molina y otros actores judiciales mencionados en recusaciones, denuncias y recursos.
La pregunta es sencilla.
¿Por qué cuando los denunciados pertenecen al sistema aparecen las explicaciones, los acuerdos y las garantías?
¿Por qué cuando quienes denuncian al sistema terminan sentados frente al mismo sistema, las respuestas suelen ser más rápidas que las investigaciones?
La sociedad no reclama privilegios ni castigos ejemplificadores.
Reclama algo mucho más básico.
La misma vara.
