La entrevista que la intendenta Rosario Romero brindó esta semana en CANAL 11, luego amplificada por diversos medios beneficiarios de pauta oficial, dejó una conclusión preocupante: el periodismo desapareció y fue reemplazado por una plataforma de comunicación institucional.
Durante más de una hora se habló de China, obras, transporte, agua potable, federalismo e interna peronista. Lo que prácticamente no hubo fueron repreguntas.
Uno de los ejemplos más evidentes fue el relato del viaje oficial a China. Romero describió los avances tecnológicos observados, los sistemas de tratamiento cloacal y las experiencias urbanas de ciudades que manejan presupuestos equivalentes al de países enteros. Nadie preguntó cuánto costó el viaje, qué acuerdos concretos se firmaron o cómo piensa financiar Paraná tecnologías que hoy ni siquiera pueden costear muchas capitales provinciales.
La contradicción quedó expuesta por la propia intendenta. Mientras describía proyectos de innovación y sustentabilidad, reconoció que la eliminación de fondos nacionales dejó paralizadas obras clave para la ciudad, entre ellas la nueva planta potabilizadora, el entubamiento del arroyo Colorado, intervenciones en Toma Nueva y obras vinculadas a infraestructura urbana.
El tema más sensible fue el agua.
Romero admitió que Paraná tiene una planta potabilizadora relativamente moderna pero una red de distribución envejecida, comparando el sistema con «un cuerpo con corazón joven y arterias de 80 años». El diagnóstico es grave porque reconoce que el problema es estructural.
Sin embargo, en lugar de preguntar cómo se resolverá una crisis conocida desde hace décadas, el propio entrevistador salió a justificar a la gestión sugiriendo que el crecimiento inmobiliario podría explicar parte de las deficiencias del servicio.
La escena fue reveladora: el periodista no interrogó al poder; lo asistió.
También hubo reconocimiento explícito de las dificultades financieras. Romero explicó que el municipio depende aproximadamente en un 50% de la coparticipación nacional y provincial y en otro 50% de tasas locales, admitiendo además que la caída de la actividad económica y el cierre de comercios ya afectan la recaudación municipal.
La pregunta lógica era inevitable: si faltan recursos, si caen los ingresos y si las obras nacionales están paralizadas, ¿de dónde saldrá el dinero para financiar los proyectos anunciados?
La respuesta nunca llegó.
Tampoco aparecieron cuestionamientos cuando la intendenta defendió el nuevo sistema de transporte urbano y destacó la incorporación de colectivos a gas. No hubo referencias a los conflictos laborales, a la crisis derivada del cambio de concesión, a los ataques contra unidades ni al creciente costo que debe afrontar el municipio para sostener el sistema.
En materia política ocurrió algo similar. Romero reivindicó el federalismo y criticó las decisiones tomadas desde Buenos Aires, pero al mismo tiempo justificó las sanciones partidarias aplicadas a dirigentes peronistas que compitieron por fuera de la estructura oficial, dejando claro que cualquier levantamiento de esas medidas dependerá de las «conductas futuras» de los involucrados.
Federalismo para discutir con Buenos Aires; disciplina para ordenar la interna.
La entrevista dejó pocos datos nuevos sobre la gestión municipal. Lo verdaderamente novedoso fue observar cómo funciona el sistema de comunicación oficial: medios financiados con recursos públicos, periodistas que evitan confrontar y funcionarios que encuentran espacios ideales para instalar relatos sin enfrentar preguntas incómodas.
Mientras la ciudad discute agua, obras paralizadas, caída de ingresos y transporte subsidiado, la radio municipal parece haber elegido otra misión: proteger al poder antes que controlarlo.
