Un informe sobre la estructura que avaló 20 años de saqueo en Entre Ríos
En Entre Ríos no se robó por error. Se robó con método. Y se encubrió con precisión institucional. A lo largo de más de dos décadas, el Estado fue vaciado desde adentro con una estructura que combinó actores políticos, organismos técnicos y pactos de silencio. El Tribunal de Cuentas de la Provincia, órgano de control creado por la Constitución de Entre Ríos, jugó un rol decisivo. Su función es auditar el uso de los recursos públicos, vigilar a los entes del Estado y garantizar la transparencia. Pero se convirtió en una escribanía de la impunidad.
Una institución constitucional vaciada desde adentro
El Tribunal de Cuentas no es un organismo menor. Tiene mandato constitucional, estructura técnica, presupuesto propio, auditores permanentes, fiscalizadores, unidades legales, acceso a toda la documentación contable del Estado y la obligación de emitir dictámenes vinculantes. Es la última barrera frente al desvío de fondos. Sin embargo, en los últimos 20 años, no detectó ni denunció ningún hecho grave de corrupción.
Eso no fue por falta de pruebas, sino por diseño institucional: fue copado por operadores políticos designados para firmar, sellar y archivar.
El presidente con una función: encubrir
Diego Lara, designado por Gustavo Bordet, accedió tras un concurso a medida, con un proceso administrativo diseñado para garantizarle el cargo. Exdiputado y operador histórico del bustismo, Lara asumió con una única función: garantizar que el Tribunal no viera lo que no debía ver. De hecho como no tenia antecedentes en el ejercicio de la profesion se le considero los años como miembro del JURADO DEENJUICIAMIENTO, desde donde blindo a JORGE AMILCAR LUCIANO GARCIA, quien hoy investiga «NUEVEMENTE» las irregularidades del IOSPER.-
Lara Designo al polemico apoderado del Partido Justicialista, Gonzalo Garcia Garro, quien es el encargado de contralarlos a travez del jurado de enjuiciamiento, fue designado irregularmente en el Senado y recientemente se confirmo su designacion en el mismo organismo que controla.-
El encubrimiento documentado
Uno de los casos más paradigmáticos fue la denuncia penal presentada por Daniel Rossi en 2018 contra IOSPER, donde se advertían irregularidades millonarias. La Procuración General —a cargo de Jorge García— archivó la causa con base en un informe del Tribunal de Cuentas firmado por Lara y sus colegas. El dictamen omitía datos críticos y desestimaba la gravedad del caso, en una maniobra calcada de otras tantas.
GARCIA PERMITIO EL ROBO EN ELIOSPER POR INFORMES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
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Lo mismo ocurrió con expedientes vinculados a ENERSA, Vialidad Provincial, contratos de publicidad trucha, hospitales que nunca se terminaron y compras direccionadas en CEMENER. En cada uno de esos casos:
- hubo denuncias,
- hubo pruebas,
- y hubo dictámenes del Tribunal que garantizaron la impunidad.
Una provincia sitiada por el silencio técnico
Hoy las causas se acumulan:
- Sandra Arroyo Salgado investigan desde Comodoro Py maniobras millonarias en ENERSA.
- En los tribunales federales se ventilan maniobras con seguros en IOSPER.
- Las causas por contratos truchos y sobreprecios en Vialidad siguen activas.
- Y en los archivos legislativos hay informes detallados sobre el desvío de miles de millones de pesos.
Aún así, el Tribunal de Cuentas no ha hecho un solo mea culpa, ni promovió ninguna acción de responsabilidad funcional.
¿Pero quién es Diego Lara?
Diego Lara es uno de los protagonistas menos visibles y más persistentes del sistema de impunidad que operó —y aún opera— en la política entrerriana. Su nombre no siempre estuvo en los titulares, pero su firma, su voto y sus silencios aparecen detrás de algunos de los episodios más oscuros de los últimos 20 años.
Su carrera política comenzó en la ciudad de María Grande, donde fue elegido intendente. Allí fue acusado públicamente de haber ordenado la quema de libros de una biblioteca popular, un acto de censura cultural que nunca fue investigado judicialmente, pero que quedó grabado en la memoria colectiva de la localidad. Fue su primera marca: silenciar, borrar, controlar el relato.
Luego saltó a la Legislatura provincial, de la mano de Jorge Busti y con el respaldo constante de Rosario Romero. Como diputado provincial, no destacó por proyectos legislativos, pero sí por su participación política en el entramado de poder. Su nombre estuvo vinculado a denuncias mediáticas y legislativas por su presunta participación en el sistema de “contratos truchos”, una matriz de recaudación ilegal en la Legislatura mediante empleados que cobraban sueldos que luego eran retornados en efectivo.
EL PORTAL RICARDO DAVID MOSTRO LOS CHEQUES COBRADO POR LARA Y SU PAREJA DE MANERA IRREGULAR, HASTA EL PRESIDENTE DEL STJER (PORTELA) TUVO QUE JUSTIFICAR ESA DEFENSA DICIENDO QUE LOS ARTICULOS PERIODISTICOS NO SIRVEN PARA INCIIAR CAUSAS DE REMOCION.-
En paralelo, ocupó el cargo de representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento, rol desde el cual frenó el juicio político contra el Procurador General Jorge García, cuando se analizaban sus responsabilidades institucionales por el caso Micaela. Fue una jugada clave: proteger a García fue blindarse a sí mismo. Ese pacto le abriría las puertas al siguiente escalón.
En 2018, con el aval directo de Gustavo Bordet, fue designado vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos, un órgano con rango constitucional que controla la legalidad del gasto público y emite dictámenes clave para causas penales. Accedió a ese cargo tras un concurso diseñado a medida, que borró antecedentes y méritos para garantizarle la designación.
Desde entonces, Lara cobró como juez, sin pagar impuesto a las ganancias, pero nunca dejó de desarrollar actividades privadas vinculadas a la compraventa de ganado, violando las normas de incompatibilidad establecidas por la Ley de Ética Pública. Juez para cobrar, empresario para facturar.
LARA EMPRESARIO
Además de su carrera política, Diego Lara desarrolló —desde hace años— una actividad privada constante en el rubro agropecuario, especialmente en la compraventa de ganado bovino. No se trata de un pequeño emprendimiento familiar ni de una actividad ocasional: se trata de una estructura comercial activa, con participación en remates rurales, consignatarios, ferias y operaciones a través de terceros, donde es conocido en el circuito como productor de volumen.
Conclusión: el Tribunal de Cuentas dejó de ser un órgano de control para transformarse en la escribanía del robo. En una provincia que necesita memoria, justicia y reparación, sus vocales siguen firmando papeles. Como si nada hubiera pasado.
