En menos de 48 horas, dos accidentes de tránsito ocurrieron en la ciudad de Paraná como consecuencia directa de separadores viales sin señalización adecuada, una situación que vuelve a exponer la grave irresponsabilidad del municipio en materia de seguridad vial.
Los siniestros se produjeron en zonas urbanas con circulación habitual, donde los separadores fueron colocados sin cartelería preventiva, sin pintura reflectiva y sin iluminación, convirtiéndose en verdaderas trampas para conductores, especialmente durante la noche o con baja visibilidad. Vecinos y automovilistas coinciden en que no se trata de hechos aislados, sino de una problemática reiterada: obras mal planificadas, ejecutadas sin criterios técnicos básicos y habilitadas sin controles mínimos. El resultado es previsible y evitable: choques, daños materiales y riesgo concreto para la vida de las personas. Resulta inadmisible que en una ciudad donde se multiplican los discursos oficiales sobre “movilidad segura” y “ordenamiento del tránsito”, se sigan instalando obstáculos viales sin cumplir normas elementales de señalización, incumpliendo la Ley Nacional de Tránsito y los manuales técnicos obligatorios.
Cada separador sin señalizar es una responsabilidad política y administrativa directa. No es un “error”, no es un “descuido”: es negligencia. Y cuando la negligencia estatal genera accidentes, la discusión deja de ser técnica para convertirse en institucional y jurídica.
La pregunta es inevitable:
👉 ¿Cuántos accidentes más hacen falta para que el municipio actúe?
👉 ¿Esperan que haya víctimas graves o fatales para recién señalizar lo que nunca debió quedar oculto?
Mientras tanto, Paraná suma siniestros evitables y los ciudadanos circulan a ciegas, esquivando obras mal hechas y decisiones mal tomadas.
La seguridad vial no se declama. Se garantiza. Y hoy, claramente, no lo está siendo.
