La conferencia de ayer de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejó un mensaje que en las provincias sonó como una advertencia directa: no hay posibilidad de reconstruir la credibilidad de la Justicia si se sigue tolerando el desembarco de dirigentes, funcionarios y operadores políticos en cargos judiciales. Fue, en los hechos, una señal dura contra un sistema de designaciones que desde hace años mezcla poder, parentescos, favores y protección corporativa.
En Entre Ríos, esa discusión no resulta abstracta. Por el contrario, toca nombres propios, trayectorias conocidas y viejos mecanismos de construcción de poder que se reciclan dentro de tribunales, fiscalías y organismos judiciales. Allí aparecen apellidos y figuras que remiten a una misma matriz: la de una Justicia cada vez menos independiente y cada vez más ligada a la política, a las relaciones de familia y a los acuerdos de supervivencia interna.
Por eso las palabras de Rosenkrantz y Lorenzetti no cayeron en un vacío. Cayeron sobre un sistema donde nombres como Piérola, Gamal Taleb, Canepa, Walter Carballo, Baridón o Barbosa remiten, cada uno a su manera, a esa zona gris en la que la Justicia deja de ser un poder de control para convertirse en prolongación de las estructuras políticas de la mesa judicial de ROMERO y HALLE.
Ademas de utilizar la justicia como organo partidario de aprietes, llegan sin antecedentes o currículums. Aca realmente lo que está en crisis es la confianza pública en magistrados que llegan, ascienden o se sostienen más por sus conexiones que por la autoridad moral de sus actos.
Valiejeros, insppectores de transito, asesores legislativos, funcioanrio de transito, sindicalista bancario son algunos de los antrecedentes de los «miliatnetes» que el PERONISMO hizo magistrados.-
En ese marco, tampoco pasó inadvertida la ausencia del ministro al que muchos mencionan como “el Potro”. No fue un detalle menor. Su falta tuvo un peso político evidente, sobre todo porque la reciente designación de su hijo lo deja con escasa autoridad para sumarse a un discurso de renovación judicial, transparencia institucional y fin de los favoritismos. Es difícil hablar de una nueva Justicia cuando el viejo modelo de la familia judicial sigue intacto. Más difícil todavía cuando se pretende dar lecciones públicas mientras las designaciones propias quedan bajo sospecha de privilegio.
La señal que bajó la Corte fue clara: la convivencia entre política y magistratura, presentada tantas veces como algo normal, se convirtió en uno de los factores centrales del descrédito del sistema. Y en provincias donde esa promiscuidad entre poder político y poder judicial lleva años naturalizada, el mensaje pega más fuerte. Porque ya no alcanza con invocar republicanismo, independencia o institucionalidad si en los hechos los cargos siguen repartidos entre amigos, parientes, protegidos y reciclados de la política.
La discusión, en definitiva, ya no es solo jurídica. Es moral y política. La Corte pareció decir que no puede haber justicia confiable mientras los tribunales sigan funcionando como refugio, premio o continuación de la militancia, de la rosca o de la herencia familiar. Y en ese punto, Entre Ríos tiene demasiado para explicar.
