La intendenta de Victoria, Isa Castagnino, llegó a la conducción municipal con promesas de renovación, transparencia y gestión eficiente. Sin embargo, a poco más de un año y medio de asumir, su administración está cruzada por dudas, denuncias y una creciente sensación de desconfianza que no hace más que profundizarse con cada nuevo hecho.
El escándalo más reciente involucra a su ahora exsecretario de Planeamiento, Ebenezer García, quien renunció luego de que se conociera que era socio gerente de una empresa privada –E&H SRL– que había sido contratada por el propio municipio para obras públicas. En paralelo, otra empresa vinculada, Hormigonera Nogoyá SRL, también recibió contratos en el marco de la emergencia económica decretada por Castagnino. La investigación penal en curso incluye allanamientos, sospechas de cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.
El problema no se limita a García. Varios decretos que avalaron estas contrataciones llevan la firma de la propia intendenta. En otras palabras, Castagnino no solo estuvo al tanto: avaló el vínculo contractual con las empresas en cuestión, incluso cuando su funcionario tenía intereses privados directamente involucrados. No se trata de una omisión menor. La Ley Orgánica de Municipios prohíbe expresamente estas situaciones, y la doctrina es clara: no hay excusa ni emergencia que justifique la violación sistemática de los deberes de control.
Pero esta no es una excepción. En este año y medio de gestión, la transparencia ha sido más promesa de campaña que realidad tangible. Las licitaciones –cuando existen– son escasamente publicitadas. Las contrataciones directas se han multiplicado. Las dos ediciones del carnaval –el evento que debería ser una fiesta popular– estuvieron marcadas por la falta de rendición pública de cuentas y por la asignación de recursos discrecionales que nadie puede explicar con claridad.
La oposición municipal ha pedido informes, ha solicitado datos, ha intentado fiscalizar. La respuesta ha sido el silencio. Y el silencio, en política, es un grito. La gestión Castagnino ha optado por cerrar puertas, negar información y blindarse detrás de un discurso de victimización que ya no convence ni siquiera a los propios.
Victoria merece algo distinto. Merece una conducción que no tenga que explicar cada semana un nuevo escándalo. Una administración que rinda cuentas, que respete las normas, que entienda que los recursos públicos no son una chequera privada ni un premio para los amigos del poder.
Hoy la intendenta no está bajo sospecha solo por lo que firmó, sino por lo que ocultó, por lo que permitió, por lo que toleró. Y lo que se tolera, se comparte.
La preocupación crece. En los pasillos del municipio, en los comercios, en las calles, se habla de un “modelo Castagnino” que mezcla improvisación, personalismo y desprolijidad. Y que, lejos de renovar, repite las peores prácticas de la vieja política que prometió superar.
La Justicia dirá si hay delito. Pero la política y la ciudadanía ya deben decir si hay futuro. Porque gobernar no es solo firmar decretos. Es asumir responsabilidades. Y hasta ahora, Castagnino las ha esquivado todas.
