La frase de Joaquín Benegas Lynch —“toda empresa estatal debería privatizarse”— no fue un exabrupto, fue una declaración de guerra. Y en Entre Ríos, el campo de batalla son ENERSA y Salto Grande, dos estructuras que concentran la corrupción más obscena del sistema político provincial.
Frigerio, que buscaba mostrarse como garante de estabilidad, ahora queda frente al espejo: sus aliados libertarios quieren poner el debate en las mayores cajas negras del poder entrerriano.
El prontuario de ENERSA
Hablar de ENERSA es hablar de una empresa usada como botín político:
González, expresidente, detenido este año con dólares y euros en su casa del country Puerto Barrancas. Hoy, imputado por cohecho y negociaciones incompatibles, sigue cobrando una indemnización millonaria de 7 millones por mes como si hubiera sido un ejecutivo estrella y no un saqueador serial.
Rodríguez Sigbes, síndico, con expedientes que muestran pérdidas millonarias mientras se cobraban sueldos obscenos.
Kueider, registrado en actas como presente en reuniones a las que nunca fue: un fraude institucional grotesco que solo movió la justicia bonaerense, con Arroyo Salgado, pero que en Entre Ríos jamás avanzó.
Bertochi, gerente de Relaciones Institucionales, el “kapanga” de Bordet y hoy todavía con peso político, operando como si ENERSA fuera su feudo personal.
Y un entramado de funcionarios “acomodados”: Pimentel, Morales, Labores… cada uno con su porción de la torta, todos parte de una maquinaria aceitada.
La Causa Securitas: el escándalo que desnuda todo
La autodenuncia de la multinacional Securitas dejó al descubierto lo que todos sabían y nadie quería probar: ENERSA cobraba coimas como política de Estado.
Los Tortul fueron procesados por organizar la asociación ilícita que aceitaba los pagos.
Alejandro Cis, gerente de Logística, y otros directivos como Marcelo Morales y Juan Carlos Pimentel fueron imputados por cohecho y negociaciones incompatibles.
El expresidente González, atrapado con efectivo extranjero y un nivel de vida imposible de justificar, quedó al borde del allanamiento a la mismísima residencia del gobernador —propiedad “prestada” por los Tortul—, símbolo perfecto de la fusión entre política, mafia y Estado.
El exsenador Edgardo Kueider también está en la mira, investigado por enriquecimiento ilícito.
La causa sigue en manos de Arroyo Salgado, resistida por las defensas, y a pesar de las pruebas, los imputados siguen blindados: indemnizaciones millonarias, sueldos privilegiados y la complicidad de la Justicia entrerriana, que jamás quiso ensuciarse las manos.
Salto Grande: bandera y negocio
Aunque jurídicamente no pueda privatizarse por ser binacional, la represa también fue botín. Sus contratos, designaciones y sueldos sirvieron durante décadas para engordar bolsillos y sostener lealtades. Nombrarla en un discurso no es inocente: es golpear en otro de los núcleos de poder que la política entrerriana jamás se animó a transparentar.
Privatizar o blanquear el saqueo
Privatizar ENERSA y Salto Grande sería el atajo perfecto: vender la caja para que el negocio quede en manos de privadas y no de funcionarios publicos politicos. Pero eso no eso no está en los planes de FRIGERIO que como MACRI en 2015 vino a cambiar algo para que nada cambie.
El verdadero debate es otro:
¿Se va a seguir sosteniendo la impunidad de González, Bertochi, Rodríguez Cigne, Cuéider, Pimentel, Morales y los Tortul?
¿O se va a abrir de una vez el corazón de estas empresas, auditar, cortar los blindajes millonarios y convertirlas en lo que debieron ser: servicios públicos al ciudadano?
El choque inevitable
El choque Frigerio–libertarios no es ideológico, es existencial:
Los libertarios proponen dinamitar todo.
Frigerio necesita sostener las cajas, porque sin ellas su proyecto se derrumba.
Lo cierto es que Entre Ríos está harta. ENERSA y Salto Grande son las cloacas de un sistema podrido, donde expresidentes viven en countries con dólares escondidos, exsíndicos aparecen cobrando millones sin control, y exsenadores fugan a Paraguay mientras siguen protegidos por la rosca judicial.
Privatizar sería entregar el negocio a otros y se abren tambien escenarios de corrupcion en un estado que . La única salida real es transparentar, y ahí es donde nadie se atreve a dar el paso.
