En una decisión que genera indignación y alerta institucional, la Justicia de Gualeguay resolvió en el día de hoy elevar a juicio una causa por supuesta “falsa denuncia” contra el abogado Carlos Guillermo Reggiardo. ¿El motivo? Haber denunciado penalmente al fiscal Fernando «Nato» Martínez, un funcionario judicial vinculado a graves sospechas por su relación con redes de narcotráfico en Victoria y Gualeguay.
La elevación a juicio no puede analizarse de forma aislada. Reggiardo había señalado con nombres y documentos a un circuito de impunidad judicial en la costa del Paraná, encabezado por el mencionado fiscal y por su entorno, entre quienes se encuentra Roberto Waldino Camino, su yerno, a quien el abogado denunciante identifica como un conocido distribuidor de drogas en Victoria, con vínculos con la prostitución VIP y beneficiado por contratos presuntamente truchos en el Senado provincial.
“Este juicio no es contra mí, es contra cualquiera que se anime a tocar los privilegios del narco-Estado”, expresó Reggiardo al conocerse la resolución judicial. «Van a intentar sentarme en el banquillo para callarme, pero no van a poder callar lo que todos saben: quiénes reparten la droga, quiénes la encubren, y quiénes desde el poder judicial garantizan la impunidad».
La causa, en su origen, fue impulsada por fiscales relacionados con el propio Martínez, y la prueba en su contra fue admitida sin permitir el ofrecimiento completo de prueba por parte de la defensa. Reggiardo anticipó que se apelará la resolución y que se recurrirá a instancias federales e internacionales.
“Acá lo que se está haciendo es blindar judicialmente al narcotráfico. No quieren que se investigue lo que realmente está destruyendo a nuestros pibes, ni que se desmantelen las redes de complicidad que operan desde hace años en Nogoyá, Victoria y Gualeguay”, agregó.
En medio de una creciente presión social por los vínculos entre la política, la justicia y el narcotráfico, la causa contra Reggiardo se perfila como un test institucional: ¿puede un abogado ser juzgado por denunciar a un fiscal presuntamente narco? ¿O estamos ante un nuevo caso de persecución judicial contra quienes intentan enfrentar la corrupción estructural?
