El título de Página Política no deja dudas: “El PJ podría terminar el año fracturado”. Traducido del rosariorromerismo al criollo: el boletín oficial de la intendenta de Paraná blanquea que vienen las expulsiones, que el “proceso de reconstrucción” arranca con guadaña, y que el mensaje a la tropa es sencillo: el partido es de la banda que perdió, no de los que se animaron a decir que el rey está desnudo.
La nota cuenta que ya entraron varios pedidos de sanciones y expulsiones para quienes “fueron por afuera” el 26 de octubre: los que acompañaron a Héctor Maya y Gustavo Guzmán con el sello del Partido Socialista, a Carolina Gaillard y Paola Rubattino con el Frente Grande y el Movimiento por Todos, y a la lista de Emilio Martínez Garbino por Unión Popular. No sólo a los candidatos: también a la dirigencia que los apoyó. Detrás de las firmas, admite el propio artículo, están “casi todas las figuras de primera línea” del sector que jugó con Adán Bahl y Guillermo Michel. O sea: el dispositivo político que manejó el PJ, perdió por goleada y ahora quiere quedarse con el derecho de admisión.
En esa foto de poder (explícita o implícita) no falta nadie: Bahl, Romero, Lauritto, Cáceres y compañía, nombres que ya aparecen en investigaciones periodísticas sobre la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura, con decretos y firmas que habilitaron el festival de contratos que hoy Frigerio declara nulos y que la Justicia arrastra hace años sin llegar al fondo de la trama. La “banda de los contratos truchos” —así bautizada en libros y notas de investigación— se presenta ahora como tribunal moral para definir quién es peronista y quién debe ser arrojado por la ventana.
Entre los apuntados está, nada menos, que Daniel Rossi, intendente de Santa Elena, uno de los pocos que ganó su territorio mientras el peronismo provincial se derrumbaba. La propia Página Política reconoce que hace tiempo viene cuestionando “en duros términos” a la conducción del PJ, antes incluso de amagar con jugar en la interna o por afuera. Es decir: un dirigente que ganó, gestionó y se animó a denunciar la matriz de corrupción de los contratos truchos, ahora es acusado de “traición” por los mismos que estamparon su firma abajo de esos esquemas, según la documentación que circula en causas y publicaciones.
El cuadro roza lo grotesco: los que cargan con la mochila de los 53 millones de dólares del fraude en la Legislatura, según estimaciones periodísticas, son los que hoy promueven purgas contra los que, espantados por esa misma obscenidad, decidieron hacer públicas sus críticas al manejo del partido y romper con una conducción que sólo les ofrecía silencio cómplice. Para una parte de la militancia, no es el peronismo auténtico expulsando a los “traidores”; es la banda del presupuesto eterno intentando echar a quienes dejaron de hacer la vista gorda.
En el centro de esa maquinaria aparece Rosario Romero, que ahora pretende disciplinar a todo el mundo desde la intendencia y la Liga de Intendentes, después de haber zigzagueado por casi todo el menú político: candidata del Partido Intransigente en los 80, casi vicegobernadora de Montiel desde el Frepaso en 1999, luego diputada y ministra de los gobiernos peronistas que terminaron bajo la sombra de los contratos truchos. La dirigente que más de una vez jugó por afuera del PJ, ahora levanta el dedo acusador contra los que osan hacer lo mismo… pero sin caja, sin contratos y sin chequera del Estado.
La conclusión es sencilla: no se trata de disciplina partidaria, sino de propiedad. El mensaje que emite este “boletín oficial” es que el PJ de Entre Ríos es un bien registrable a nombre de Bahl, Romero, Lauritto, Cáceres y Michel, y que cualquiera que cuestione la matriz de contratos, pactos y silencios será tratado como intruso. La fractura que Página Política anuncia como amenaza ya ocurrió hace rato: es la que separa a una dirigencia aferrada a sus privilegios de una base que, cada vez que ve esas fotos, siente que la expulsada hace años fue la palabra “justicia” del escudo peronista.
