Por Redacción La Caldera
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena por peculado contra Jorge Abel Rodríguez, exdirector de la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos, cerrando así un capítulo judicial que deja consecuencias políticas y penales más profundas de lo que aparenta. La decisión del máximo tribunal no solo ratifica la responsabilidad penal por el desvío de fondos públicos, sino que también reaviva interrogantes sobre el rol de Graciela Bar, figura clave en la génesis del escándalo.
Rodríguez fue condenado por utilizar más de 4 millones de pesos del presupuesto de Vialidad para financiar el funcionamiento de una escuela privada vinculada a una asociación civil que él mismo integraba. Lo hizo con aval estatal, sin controles y en abierta transgresión a la normativa vigente. Durante el juicio se advirtió que el procedimiento para crear dicha institución educativa contó con el impulso directo de la entonces presidenta del Consejo General de Educación, la controvertida dirigente Graciela Bar.
La confirmación de la condena reaviva la preocupación por el papel que Bar desempeñó en este y otros procesos administrativos opacos, que involucraron el uso de recursos públicos en beneficio de estructuras privadas o partidarias. Con cargos ocupados durante los gobiernos de Jorge Busti, Sergio Urribarri y Gustavo Bordet, su figura ha sido señalada en diversas oportunidades por maniobras poco transparentes vinculadas al sistema educativo y a designaciones políticas en áreas clave.
Con la condena firme a Rodríguez, se habilita ahora la posibilidad de revisar y profundizar la investigación sobre los actos administrativos firmados o avalados por Bar en su paso por el CGE, muchos de los cuales quedaron bajo un manto de impunidad política. La dirigente, que supo moverse con habilidad en todos los oficialismos, aparece cada vez más comprometida en un esquema de uso discrecional del Estado que hoy comienza a resquebrajarse judicialmente.
En Entre Ríos, donde el poder político y el control institucional caminan de la mano desde hace décadas, este fallo representa una grieta jurídica inesperada. La pregunta que se abre es si, a partir de ahora, otros nombres ligados a la vieja estructura comenzarán a enfrentar las consecuencias de lo que hasta ahora fue encubrimiento sistémico. Graciela Bar está en el centro de esa escena.
