Un caso reciente en la provincia volvió a encender las alarmas sobre cómo el sistema penal trata los delitos sexuales contra niñas y niños. Un adulto admitió haber abusado de una menor, filmado los hechos y generado material de abuso sexual infantil. La investigación se activó a partir de alertas de plataformas digitales sobre la posible circulación de esos videos.
Este tipo de ataques son delitos aberrantes, que marcan a las víctimas para toda la vida y deberían recibir penas máximas, apenas por debajo del homicidio, justamente por el daño irreversible que provocan y por la extrema vulnerabilidad de quienes los padecen.
Pese a ello, la causa se encamina a resolverse mediante un juicio abreviado, con una pena acordada entre Fiscalía y Defensa. El mecanismo, pensado originalmente para agilizar procesos, termina funcionando en la práctica como una vía para evitar juicios orales con mayor control social, incluso en los casos más graves.
Este tipo de resoluciones abre un debate de fondo: hasta qué punto es aceptable que hechos de extrema violencia contra niñas y niños se cierren en una mesa de negociación, sin la instancia plena de discusión pública. Cuando lo aberrante se administra como un acuerdo más, el riesgo es que no solo se reduzca la pena, sino también la expectativa social de justicia frente a las agresiones más extremas.
