A la mañana, Página Política/Página Judicial anunció que “le abren una causa penal a Frigerio” por el subsidio de 179 millones para “Mágica en la Playa”. A la tarde, el mismo ecosistema mediático salió a decir lo contrario: que no hay causa, que no hay investigación, que solo existe una denuncia y un legajo administrativo “de rutina”. No fue otro medio el que desmintió la noticia: fue el propio Gobierno discutiendo con el Boletín Oficial de Rosario Romero dentro de la misma página. De un lado, la nota donde se habla de un legajo con nombre y apellido del gobernador, un fiscal anticorrupción, un decreto de “apertura de causa” y pedido de pruebas. Del otro, el comunicado oficial que jura que eso no es una causa, ni imputación, ni nada que se le parezca, apenas un papelito inocente que el sistema genera casi en automático.
Ahí está el núcleo del conflicto: o alguien mintió, o alguien operó. Las dos cosas a la vez no se pueden sostener. No puede ser, al mismo tiempo, que exista un decreto fiscal que habla de apertura y medidas de prueba en un legajo caratulado con el nombre de Frigerio y, a la vez, que no haya “ninguna causa” y que todo sea una confusión semántica de un periodista exaltado. Por eso esto ya no es una discusión técnica sobre el Código Procesal Penal: es una pelea política a cielo abierto entre el gobernador y el aparato judicial–mediático que giró durante años alrededor de la Procuración y de Rosario Romero, ahora reciclado como municipalidad, radio, pauta, portales y columnas de opinión que funcionan como carta de la Fiscalía publicada en tiempo real.
El mecanismo de poder atrás es siempre el mismo: primero se instala el título duro, se filtra el dato, se adelanta el movimiento judicial, se muestra que “hay fiscal”, “hay decreto”, “hay causa”. Se manda el mensaje hacia adentro: te estamos mirando, sabemos que hay un expediente con tu nombre, podemos empujarlo o frenarlo. Después, cuando la reacción política es más fuerte de lo previsto, aparece la descompresión: comunicado jurídico, tecnicismo, explicación de que un legajo no es una IPP, que el lenguaje fue “impreciso”, que la cosa no es tan grave. A la tarde hay fuego cruzado. A la noche, arreglo o tregua: nadie vio nada, acá no pasó nada, seguimos discutiendo palabras mientras los 179 millones ya volaron.
Eso es lo que no se ve en los comunicados, pero se siente en el subtexto: el uso del Ministerio Público Fiscal y de sus voceros de confianza como herramienta para apretar, condicionar, marcar territorio, mandar mensajes internos en la política entrerriana. Hoy el blanco es Frigerio; ayer lo fue otro; mañana será cualquiera que se cruce en el tablero donde se mezclan jueces, fiscales, intendentes, contratistas y medios disciplinados. La discusión sobre si “hay causa” o “no hay causa” es apenas la pantalla
