La nueva denuncia de Diego Lara contra Domingo Daniel Rossi no sorprende a nadie que conozca la política entrerriana. Es otro capítulo de una persecución que empezó en 1991, cuando Rossi rompió con Busti y decidió desafiar un sistema que hace décadas opera con los mismos nombres, los mismos métodos y las mismas sombras.
Por eso, lo que hoy presenta Lara —obras menores, un convenio viejo que Rossi había observado él mismo, formalidades administrativas y el Parque Industrial adjudicado en pleno estallido inflacionario de Massa— no explica la violencia institucional del ataque. Lo que sí lo explica es lo que viene detrás: las denuncias por enriquecimiento ilícito, los movimientos patrimoniales sin justificación y los 546 cheques cobrados por Lara y su entorno, que Rossi entregó a la Justicia y que rompieron el pacto tácito del silencio.
Lara no es un funcionario técnico. Es el engranaje más longevo del PJ provincial, sobreviviente de las eras de Busti, Urribarri y Bordet, hoy en excelente sintonía con el frigerismo que prometía renovación pero conserva intacto el sistema que Rossi lleva treinta años denunciando. Ese mismo sistema que calló durante los años del festival de contratos truchos y ahora se activa con furia quirúrgica cuando el denunciante es quien expuso cómo se enriqueció el presidente del Tribunal de Cuentas mientras predicaba austeridad desde los micrófonos oficiales.
La secuencia es transparente:
Rossi denuncia los cheques, las propiedades y el crecimiento patrimonial imposible de justificar.
El aparato responde observando detalles irrelevantes en un municipio que tiene cuentas ordenadas y obras en ejecución.
No es control. Es mensaje.
No es auditoría. Es revancha.
Y Santa Elena queda en el centro de la escena por una sola razón: es el municipio donde la gestión funciona y donde el poder provincial ya no puede imponer su lógica sin resistencias. Rossi molesta porque no negocia su autonomía, porque no agacha la cabeza y porque desde hace treinta años señala las zonas donde nadie quiere mirar.
Entre Ríos se repite a sí misma:
al que denuncia, lo castigan;
al que se acomoda, lo premian.
Rossi eligió el primer camino desde 1991.
Por eso siguen persiguiéndolo.
Por eso vuelven por él.
Y por eso esta historia no habla de un expediente, sino del poder real que nunca dejó de sentirse dueño de la provincia.
