En una nueva muestra del copamiento del Ministerio Público por vínculos de sangre y conveniencia política, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado entrerriano publicó el pliego de María Florencia Acuña, propuesta por el gobernador Rogelio Frigerio para ser designada Fiscal Auxiliar N.º 2 de Diamante. Nada menos que el mismo cargo que ocupa interinamente desde el año 2017, cuando tenía apenas cuatro años de recibida y cero experiencia profesional fuera del Poder Judicial.
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La designación interina se dispuso por Resolución N.º 151/2017, firmada por el Procurador General de la Provincia, luego de la renuncia de la Dra. Mariana Darrichón. A partir del 1 de diciembre de ese año, Acuña fue nombrada por su ubicación en un concurso viejo (N.º 199 a 203 del CMER). Desde entonces, pasaron ocho años, sin que se llamara a nuevo concurso ni se evaluaran otras trayectorias. Simplemente se la mantuvo en el cargo y hoy se busca blanquear esa titularidad con un pliego formal, sin competencia real.
Su currículum publicado es tan escueto como elocuente:
- Ningún antecedente de ejercicio liberal de la abogacía.
- Ninguna actuación en defensa pública, asesorías o estudio jurídico.
- Solo un puñado de jornadas y cursos breves, entre ellos un curso online de derechos humanos en UDEMY y talleres básicos en el Instituto Alberdi.
- Toda su experiencia es intra-poder judicial, primero en la justicia nacional y luego en la entrerriana, desde 2017.
La pregunta que surge es evidente:
¿Puede una persona sin experiencia profesional real, sin producción académica, sin formación penal específica, sin concursos vigentes, convertirse en fiscal por portación de apellido o permanencia pasiva en el cargo?
El mecanismo institucional es, cuanto menos, alarmante: se designan fiscales interinos “hasta que se cubra el cargo por concurso”, y luego, años después, se los “confirma” sin abrir la competencia ni analizar alternativas. La Dra. Acuña es hija de una jueza de Paraná, lo que no es delito, pero explica bastante sobre cómo funciona el sistema de cooptación judicial en Entre Ríos.
El gobernador Frigerio, que prometió «cambios estructurales» y “profesionalismo institucional”, avala con su firma este esquema de premios automáticos por parentesco, con el único mérito de haber estado sentada ocho años sin que nadie cuestione nada.
Mientras tanto, decenas de abogadas y abogados jóvenes, con mejores antecedentes, siguen esperando un concurso transparente.
