Concepción del Uruguay está ante una discusión que no es técnica ni menor: es política, ambiental y profundamente ciudadana. El intendente José Lauritto elevó el Decreto N° 29.147 para que el Honorable Concejo Deliberante habilite una jugada tan simple como peligrosa: reinstalar por tres meses el viejo Código de Ordenamiento Urbano (COU) y permitir que los actores urbanísticos elijan entre ese esquema y el actual Código de Ordenamiento Territorial (COTA).
Dicho sin eufemismos: un “doble sistema” normativo en el que ganan los más vivos, los más informados y los más apurados. Y pierden los vecinos.
La ciudad no es un Excel de excepciones
El Encuentro Ambiental Uruguayense, que nuclea a la mayoría de las organizaciones socioambientales de la ciudad, presentó formalmente su rechazo al decreto por considerar que viola el principio de no regresividad ambiental.
Y acá no estamos ante una consigna de moda: estamos ante una línea jurídica y ética que es clave para cualquier comunidad que se tome en serio su futuro. No se puede retroceder en niveles de protección ya alcanzados porque ese retroceso no es neutral: beneficia intereses concretos y desplaza costos hacia la sociedad.
¿Por qué sería necesario volver al COU anterior “por tres meses”?
La justificación oficial suena a texto prolijo, pero flojo de realidad: dicen que habría expedientes pendientes. Sin embargo, el colectivo ambiental recuerda algo elemental: en la práctica administrativa regular, todo expediente que no se ajusta a la norma vigente se rechaza.
Entonces, la pregunta cae sola: ¿qué trámites realmente existen que ameriten esta excepción extraordinaria?
La “corporación de los metros cuadrados” y la trampa elegante
El Encuentro lo dice sin rodeos: esta medida parece diseñada para favorecer a un grupo reducido de actores con información privilegiada, lo que denominan “la corporación de los metros cuadrados”.
Y no hace falta ser mal pensado para entender el mecanismo:
si el marco vigente pone límites, exige estudios, impone criterios de cuidado y establece zonas de restricción,
la solución para el que quiere acelerar no es mejorar proyectos: es debilitar reglas.
Ese es el corazón del problema.
No es planificación.
Es oportunismo normativo.
Humedales y bosque nativo: el núcleo de la alarma
Lo más grave no está en la teoría sino en el territorio.
El COTA protege humedales y bosque nativo bajo un distrito especial de Áreas de Paisaje Frágil, donde es obligatorio presentar un Estudio de Sensibilidad Ambiental para cualquier intervención.
Si por tres meses se abre una ventana para operar bajo regulaciones anteriores menos exigentes, entonces el “paréntesis” administrativo se transforma en esto:
un retroceso ambiental con fecha de vencimiento, pensado para que algunos corran antes de que vuelva el control.
Y cuando el Estado crea ventanas de excepción para áreas sensibles, lo que habilita no es desarrollo:
habilita daño acelerado.
Vecinos adentro… hasta que estorban
El COTA no es un capricho reciente de oficina.
Fue producto de casi dos años de trabajo participativo, donde se sentaron organizaciones ambientales, colegios profesionales, universidades, vecinos y funcionarios que hoy integran el propio gobierno municipal.
Eso hace aún más preocupante el gesto político del Ejecutivo:
desarmar consensos construidos colectivamente sin sustento técnico sólido ni evaluación ambiental estratégica.
Porque cuando una comunidad discute reglas de suelo, ambiente y desarrollo, no está decidiendo solo cómo construir:
está decidiendo qué ciudad quiere ser.
Y si esas reglas se pueden suspender por decisión unilateral y con argumentos blandos, el mensaje institucional es demoledor:
la planificación dura lo que dura la presión del lobby.
El HCD no puede ser escribanía del retroceso
Ahora la pelota la tiene el Concejo.
Y acá no hay neutralidad posible: o se defiende la vigencia plena del COTA o se habilita una excepción que puede convertirse en antecedente.
Porque si hoy se abre el “por tres meses”, mañana llega el “por seis”, y pasado mañana el modelo de ciudad termina siendo administrado por excepciones en lugar de por políticas públicas.
Lo que está en juego
Lauritto puede presentar esto como un gesto de “ordenamiento transitorio”.
Pero el contenido real es otro: una decisión discrecional, injustificada y regresiva sobre una norma que nació del diálogo y que protege áreas críticas del patrimonio natural uruguayense.
La ciudad no necesita un intendente que administre atajos. Necesita un intendente que defienda reglas claras y parejas, especialmente cuando hablamos de ambiente, humedales y bosque nativo.
Porque en urbanismo y ambiente hay una verdad simple que no admite maquillaje:
los retrocesos siempre tienen beneficiarios identificables… y costos que terminan pagando los vecinos.
