Ganó una UTE, opera una sola empresa y nadie explica nada
La concesión del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná, presentada por el Municipio como el inicio de una “nueva etapa” en materia de movilidad, comienza a mostrar grietas graves desde el mismo momento en que el servicio se puso en marcha. No se trata de problemas operativos, ni de ajustes propios de un recambio de flota. Se trata de hechos concretos, documentables y reiterados que permiten formular una pregunta central, incómoda y hasta ahora sin respuesta oficial:
¿El servicio está siendo prestado por el mismo sujeto jurídico que ganó la licitación?
El Decreto Municipal N.º 1571/2025, de fecha 23 de julio de 2025, adjudicó la Licitación Pública N.º 31/2025 para la concesión del transporte urbano de pasajeros a TRANSPORTE SAN JOSÉ S.A. UTE, una Unión Transitoria de Empresas integrada —según surge de la oferta— por Transporte San José S.A. y Kenia S.A..
No es un detalle menor: la UTE es la adjudicataria, no una empresa individual. La licitación se ganó con esa estructura, con ese respaldo técnico, económico y societario. Sin embargo, desde el inicio mismo de la prestación, todo indica que la UTE desapareció de los hechos.
El 7 de diciembre: el día que encendió la primera alarma
El 7 de diciembre de 2025 comenzó formalmente a funcionar el nuevo sistema de transporte urbano. Ese mismo día, los trabajadores de la empresa saliente Buses Paraná —acompañados por una escribana— se presentaron en la sede de Transporte San José para exigir el cumplimiento de una sentencia judicial firme dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 7, en la causa “UTA c/ Transporte San José S.A. UTE s/ acción de amparo”.
La resolución judicial ordena, como medida cautelar, que la nueva concesionaria incorpore a los trabajadores en las mismas condiciones en que venían prestando tareas, en línea con lo dispuesto por el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula la continuidad laboral en casos de transferencia de explotación.
Pero lo que ocurrió ese día no fue sólo un conflicto laboral. Según consta en la constatación notarial, un abogado que se presentó como “gerente de legales” de la empresa afirmó, sin rodeos, que:
“La empresa que está prestando el servicio de transporte en la ciudad de Paraná no es una UTE, sino Transporte San José S.A.”
La frase es demoledora. No es una interpretación periodística. Es una afirmación atribuida a un representante de la propia empresa. Y abre una grieta jurídica de enormes dimensiones:
si la prestataria real no es la UTE adjudicataria, ¿quién está operando el servicio público?
SUBE, actas notariales y una omisión que no es inocente
La segunda alarma aparece incluso antes del inicio formal del servicio. Los días 5 y 6 de diciembre, personal de la Municipalidad de Paraná —encabezado por la Secretaría de Seguridad Vial— realizó constataciones notariales vinculadas a la entrega de las máquinas validadoras del sistema SUBE, un elemento crítico del servicio público.
Según surge de esas actuaciones, las validadoras debían ser entregadas “inmediatamente a Transporte San José S.A.”. No a la UTE. No a “Transporte San José S.A. UTE”. No a una denominación conjunta o contractual. A una sola sociedad anónima.
Este dato, que podría parecer administrativo, es políticamente explosivo. Porque revela a quién reconoce el propio Municipio como receptor, operador y responsable del sistema. Cuando el Estado transfiere equipamiento esencial del servicio público, el nombre que figura importa, y mucho.
Si la concesión fue adjudicada a una UTE, ¿por qué los actos materiales del concedente se direccionan a una sola empresa? ¿Dónde está Kenia S.A.? ¿Integra la operación? ¿Figura en algún acto de entrega, toma de posesión o inventario? Hasta ahora, silencio.
En tribunales, la versión se repite: la prestataria es San José S.A.
La tercera alarma no surge de rumores ni de trascendidos, sino del expediente judicial. En el marco de la causa iniciada por la UTA, el presidente de Transporte San José S.A. se presentó en sede judicial y manifestó que esa empresa es la prestataria del servicio público de transporte urbano de la ciudad de Paraná.
No habló en nombre de la UTE. No invocó una representación conjunta. No explicó el rol de la otra empresa integrante. Dijo, lisa y llanamente, que San José S.A. presta el servicio. Cuando la versión empresarial, la versión operativa, la versión administrativa y la versión judicial coinciden, el problema deja de ser gremial y pasa a ser institucional.
Una licitación, un adjudicatario… ¿y otro operador?
Lo que empieza a configurarse es un escenario extremadamente delicado:
La licitación fue ganada por una UTE, pero el servicio estaría siendo ejecutado por una sola de las empresas integrantes, sin que exista —al menos públicamente— un acto administrativo que autorice ese cambio, lo fundamente, lo controle o lo explique.
No se trata de una discusión académica. En materia de contratación pública, el adjudicatario no es intercambiable. La oferta se evalúa considerando la estructura jurídica, los antecedentes, la capacidad económica y las garantías del oferente. Si ese oferente muta, se desnaturaliza el procedimiento licitatorio.
Y aquí aparece la pregunta que nadie responde:
¿Se puede ganar una licitación como UTE y luego operar el servicio como si la UTE no existiera?
Trabajo, responsabilidades y un patrón conocido
Este esquema también tiene consecuencias concretas en el plano laboral. Al negar la continuidad de los trabajadores de Buses Paraná, la empresa intenta romper la cadena de responsabilidades, desconociendo la figura de la transferencia de explotación.
Pero si la UTE “no existe” en los hechos, y opera una sola empresa, la maniobra parece orientada a licuar obligaciones, tanto laborales como contractuales.
No es la primera vez que en Entre Ríos una concesión pública se convierte en una zona gris donde nadie termina de responder por todo. Lo novedoso aquí es la velocidad con la que las contradicciones quedaron expuestas, y la pasividad del concedente frente a hechos que, como mínimo, ameritan explicaciones públicas.
Lo que está en juego
El transporte urbano no es un negocio privado más. Es un servicio público esencial, concesionado por 12 años, con impacto directo en miles de usuarios, trabajadores y recursos estatales.
Si el adjudicatario formal no coincide con el operador real, estamos ante un problema serio de legalidad, transparencia y control.
Y si el Municipio lo sabe —o debería saberlo— y no actúa, la responsabilidad deja de ser sólo empresarial.
Las preguntas están planteadas. Los hechos existen. Los documentos empiezan a hablar.
Ahora falta algo elemental en cualquier Estado que se precie de democrático: respuestas.
