Veinte años después, el Estado vuelve a hablar en el idioma que mejor se escucha cuando todo lo demás falló: plata y megáfono. Este viernes 12 de diciembre de 2025, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una recompensa de $5.000.000 para quien aporte “algún dato certero” sobre el paradero de Fernanda Aguirre, desaparecida desde el 25 de julio de 2004 en San Benito (Paraná Campaña). La medida quedó formalizada en la Resolución 1396/2025, y enmarcada en el expediente que tramita en el Juzgado de Transición Nº 2 de Paraná, con intervención del juez Pablo Zoff (causa Nº 37.394, incidente de localización).
La línea oficial para aportar información es la gratuita 134 (Programa Nacional de Recompensas). También se recuerda que el pago se haría preservando la identidad del aportante, previo informe de la autoridad judicial sobre la utilidad de lo brindado.
Pero en Entre Ríos, cuando se dice “Fernanda Aguirre”, no es solo una causa: es un espejo incómodo de cómo el dolor puede ser usado como utilería, y cómo algunos funcionarios confundieron micrófonos con expedientes. En agosto de 2005, en plena antesala electoral, el caso llegó al living más famoso del país: Susana Giménez sentó a una “vidente” que afirmó tener datos “precisos”. La escena derivó en excavaciones y promesas televisadas, mientras la madre, María Inés Cabrol, terminaba rogando que no “mataran” al mensajero local: Walter Carballo, entonces subsecretario de Justicia, a quien ella misma defendió públicamente señalando a la producción del programa.
Aquella noche también quedó pegado otro nombre del mismo circuito de poder: José Carlos Halle, que envio a su amigo, colaborador y compaero politico WALTER CARBALLO, el CAMELLO, a hacer un papelonn y dar expectativas en medio del proceso electora, para no perder votos por ese caso. La combinación fue letal: rating, campaña, funcionarios y una “revelación” sin respaldo, como si el Estado pudiera tercerizar su investigación en una mesa de TV. Y cuando el circo baja la carpa, lo que queda es lo de siempre: foja tras foja, años que pasan, y una familia que no cierra la herida.
Lo más entrerriano del asunto es que el “papelón” no dejó carreras arruinadas: dejó carreras acomodadas. Carballo, que ya en aquellos años aparecía políticamente asociado a Halle, terminó escalando en la estructura institucional y fue designado juez de Garantías y Transición de La Paz en 2018; más tarde acumuló cuestionamientos y denuncias, y en 2025 se informó su acogimiento al beneficio jubilatorio.
Y el apellido Halle tampoco es un dato decorativo: Rosario Romero (hoy intendenta de Paraná) esposa de José Carlos Halle, una conexión que ayuda a entender cómo en Entre Ríos el poder suele moverse en modo “mesa chica”: política, justicia y administración pública compartiendo apellidos, pasillos y supervivencia. , el candidata a DIPUTADA NACIONAL por busti ese año.
Si alguien tiene información real, verificable, útil, la ruta es una sola: 134. Porque después de veinte años, lo único intolerable no es el silencio: es el ruido inútil.
