Cada vez que el gobierno de Rogelio Frigerio quiere hablar de “modernización” y “transparencia”, aparece la misma foto: el presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara, sonriente, firmando convenios y posando como garante del control público. La última puesta en escena fue la incorporación del expediente digital al organismo de control, presentada como un hito en la historia institucional de Entre Ríos.
El problema no es el expediente digital. El problema es quién lo maneja. Diego Lucio Lara no es un técnico neutral ni un adalid de la ética pública: es un ex diputado del PJ, designado al frente del Tribunal de Cuentas por Gustavo Bordet en 2020, que hoy preside el máximo organismo de control de la provincia pese a arrastrar denuncias gravísimas y un prontuario político que lo vincula directamente con la matriz de corrupción de la Legislatura entrerriana.
En la causa de los contratos truchos de la Legislatura, distintas investigaciones periodísticas detallaron que Lara y su pareja cobraron personalmente decenas, incluso cientos, de cheques vinculados a contratos ficticios: hay trabajos que hablan de 546 pagos percibidos por la pareja Lara–Lisnofsky entre 2015 y 2018, con montos en dólares de la época que se cuentan en cientos de miles.
La maniobra está documentada en la propia causa penal: contratos a nombre de terceros, cheques emitidos por la Legislatura y cobrados por Lara y su pareja en ventanilla. Sin embargo, nunca fue imputado, y terminó premiado con la presidencia del organismo que debería revisar ese tipo de obscenidades con lupa.
Lejos de tomar distancia, el frigerismo eligió blindarlo. Mientras Frigerio anunció con bombos y platillos la nulidad de cientos de contratos de la Legislatura entre 2008 y 2018, presentándose como el que venía a cortar con los vicios del régimen, mantuvo intacto al hombre de los cheques truchos al frente del Tribunal de Cuentas. La medida “anticorrupción” choca de frente con la realidad: el mismo personaje señalado en esas maniobras sigue firmando resoluciones y acomodando la estructura interna del organismo.
No se trata solo del pasado. En estos años, Lara fue denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento por mal desempeño, uso político del organismo y maniobras de acomodo, y se le reprocha haber creado cargos a medida para favorecer a personajes que integran, a su vez, el propio sistema de control (como el caso de la asesoría adjunta para Gonzalo García Garro, miembro del Jurado de Enjuiciamiento). También fue cuestionado por dejar prescribir expedientes sensibles, perjudicando al Estado, y por la forma oscura en que llegó a la presidencia del Tribunal.
En ese contexto, el último convenio para “fortalecer el control público” y “modernizar el Estado” suena a burla. El expediente digital puede ordenar papeles, agilizar trámites y dejar trazas informáticas, pero no corrige la decisión política de Frigerio de sostener y legitimar a una figura que, para buena parte de la sociedad entrerriana, sintetiza la peor versión del viejo régimen: cheques truchos, concursos cuestionados, familiares acomodados y una carrera hecha al calor de la impunidad.
El mensaje es nítido: el gobierno de Frigerio se aleja del discurso de la transparencia y se abraza a Diego Lara. Se abraza al hombre que cobró cheques de contratos truchos, que acumula denuncias por mal desempeño y que preside, sin sonrojo, el organismo encargado de auditar a todos los demás. Podrán cambiar el soporte del expediente, del papel al PDF, pero mientras el corazón del control siga en manos de quienes simbolizan la corrupción estructural, la “modernización” no pasa de ser una pantalla luminosa para tapar siempre lo mismo.
