Decretos con la firma de Adán Bahl. Contratos con nombres y montos aprobados por Ballestena. Cajas chicas por senador. Intervención directa de Contaduría. Todo estaba en poder de los fiscales desde 2019. Y eligieron callar. Hoy, los mostramos uno por uno.
Aramberry, Yedro y Badano; los fiscales que eligieron apuntar a los PEREJILES.-
Durante años nos repitieron que los contratos truchos eran obra de unos empleados infieles, de prestanombres y contadores. Pero los documentos que presentamos hoy —todos oficiales, firmados, archivados y con sello del Estado— demuestran otra cosa: las contrataciones ilegales fueron aprobadas por los presidentes de Cámara, con nombre y apellido.
Las pruebas que presentamos
- Decretos con las firmas de Adán Bahl, José Lauritto, José Cáceres, Ángel Allende y Sergio Urribarri.
- Anexos que detallan nombres, montos y fechas de personas contratadas sin tareas reales.
- Notas internas de senadores y diputados pidiendo “sus contratos”, legalizados por Contaduría.
- Documentos contables que prueban la intervención directa de las máximas autoridades administrativas.
Estas pruebas estaban desde 2019 en el expediente. Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry las tuvieron en sus manos. Pero en lugar de llamar a declarar a quienes firmaron los contratos, eligieron perseguir a empleados de cuarta categoría y contadores externos.
Algunos de las autorizaciones de CONTRATOS TRUCHOS:
La Justicia tuvo con detalles los contratos aprobados en cada periodo, que significaban un 40% del presupuesto de la Camara.
El sistema fue institucional
- En el Senado, entre 2007 y 2018, cada contrato era aprobado por decreto presidencial con anexos firmados.
- En Diputados, el mismo circuito operaba. Pero la Justicia solo investigó desde 2011 en adelante. Es decir: dejaron afuera deliberadamente los años previos, donde el sistema ya funcionaba a pleno.
Uno de los ejemplos más claros: en 2016 se aprobaron contratos por más de $13 millones en un solo semestre en el Senado. Firmaron Bahl y Ballestena. Los contratos eran solicitados por los senadores, visados por los presidentes de bloque, intervenidos por Contaduría y pagados por la Dirección General de Administración.
El documento para que vos lo analices, y SAQUES TUS PROPIAS CONCLUSIONES:
¿Y qué hizo la justicia?
Durante casi dos años, la causa estuvo frenada por una jugada clave del juez federal Daniel Alonso, que en 2021 decidió sacarla de la órbita provincial bajo el argumento de que podría tratarse de financiamiento político. No la archivó, pero logró exactamente lo que la política necesitaba: tiempo.
Tiempo para que se enfríe. Tiempo para que los verdaderos responsables no lleguen al juicio.
Ganaron dos años. Y hoy, siguen en silencio, mientras los únicos en el banquillo son los perejiles.
Alonso luego fue noticia por intentar intervenir en la designación de los representantes legislativos del Consejo de la Magistratura, en contra de un fallo de la Corte Suprema. Las coincidencias, en Entre Ríos, nunca son casuales.
Próxima entrega: el video que revela todo
En la próxima nota te mostramos el testimonio en sede judicial de Sergio Cardoso, empleado de planta de la Cámara de Diputados. Declaró cómo funcionaba el sistema antes de 2011, cómo desaparecieron los archivos y cómo se armaban los contratos para financiar la política desde el Estado.
Un testimonio ignorado por los fiscales. Porque si se tomaba en serio, había que imputar a Allende, a Urribarri y a varios más.
NO CREAS LO QUE TE CONTAMOS, LEE LO QUE TE MOSTRAMOS!!!!
