El Poder Judicial de Entre Ríos ultima un pedido formal al gobernador Rogelio Frigerio para que autorice un aumento en los haberes de jueces y fiscales, bajo el argumento de recomponer el poder adquisitivo perdido por la inflación.
El planteo llega en un momento de fuertes restricciones presupuestarias y congelamiento de aumentos en gran parte de la administración pública. Sin embargo, los números revelan una paradoja: los sueldos de los magistrados superan con holgura al del propio gobernador.
Según el presupuesto provincial 2025, Frigerio percibe alrededor de $1,5 millones mensuales en bruto. En cambio, los haberes judiciales —aun sin adicionales— parten de cifras cercanas a los $2,5 millones. Y en la práctica, con la suma de antigüedad profesional (reconocida desde el ejercicio como abogado), compensaciones jerárquicas y suplementos, ningún magistrado percibe de bolsillo menos de $10 millones mensuales.
Intangibilidad mal entendida
La Constitución protege la intangibilidad de los haberes judiciales para resguardar su independencia. Pero esa garantía no significa que deban transformarse en salarios de lujo ni que estén exentos de la realidad económica que atraviesa el resto de la sociedad. Lo que se refiere que no debe ser reducido arbitrariamente, pero no le da un privilegio que ordene que la sociedad aumente el esfuerzo en pagarles cuando todos los sueldos se han reducido.
Solidaridad ausente
El reclamo de aumento exhibe una falta de empatía y solidaridad. Mientras la mayoría de los entrerrianos ajusta sus gastos y miles de empleados públicos luchan por sueldos que no alcanzan a cubrir la canasta básica, los magistrados insisten en mantener un nivel de ingresos multimillonario, lejos de la vida cotidiana de quienes deben juzgar.
El contraste es evidente: en una provincia empobrecida, los jueces reclaman más, aun cuando ya ganan varias veces más que el propio gobernador.
