Entre Ríos atraviesa un momento oscuro. Mientras en las calles se siente la descomposición institucional, en el Senado de la provincia todo sigue su curso, como si nada. Este martes 22 y miércoles 23 de julio, los senadores van a legitimar en audiencias públicas una serie de pliegos para fiscales auxiliares que no solo están cargados de impugnaciones graves, sino que representan la consolidación de un Ministerio Público funcional al poder político. Un Ministerio Público que ya no investiga, sino que archiva. Que ya no defiende a las víctimas, sino que protege a los que mandan. Que ya no responde a la Constitución, sino a la lógica de la obediencia.
Los nombres que se presentan no son nuevos. Son viejos conocidos de los pasillos judiciales. Todos con algo en común: vínculos directos con operadores, jueces o fiscales en funciones. Todos con impugnaciones fundadas, documentadas y presentadas en tiempo y forma. Pero eso, claro, no parece importar. En la provincia del archivo exprés, lo único que avanza rápido es el reparto de poder entre parientes y leales.
Florencia Acuña, propuesta para la Fiscalía Auxiliar de Diamante, es hija de la vocal Marcela Davité, integrante de la Cámara de Casación Penal con asiento en Paraná. No se trata solo de un parentesco. Es una línea directa entre una fiscal instructora y una jueza revisor de sus actos. La impugnación presentada por el abogado Carlos Reggiardo lo deja claro: se afecta la imparcialidad objetiva, se contamina el circuito de revisión y se dinamita el principio del juez natural. Pero Acuña llega con el aval del oficialismo, y eso basta. Porque en Entre Ríos, si sos hija de una camarista, no hay conflicto que te frene.
En Gualeguay, la historia se repite. Ana Paula Elal, candidata a fiscal, es hermana del juez de garantías Sebastián Elal. Es decir, del magistrado que controla las decisiones fiscales, que dicta medidas coercitivas, que define admisibilidad de pruebas, que garantiza (en teoría) los derechos del imputado. Que la fiscal proponga y su hermano disponga no es un dato menor. Es una aberración institucional que en cualquier otro lugar frenaría un nombramiento. Acá, lo acelera.
Y en Gualeguaychú, otra vez el parentesco como llave de acceso. Josefina Beherán es hermana del fiscal coordinador de esa jurisdicción. Su pliego fue impugnado por su actuación en causas donde, según se documenta, convalidó irregularidades graves, avaló pruebas sin sustento y negó el ejercicio pleno de defensa. Uno de los casos citados es el de Reggiardo‑Voney, donde Beherán habría sido parte activa del armado de una acusación carente de prueba, basada en declaraciones direccionadas y con testigos manipulados. En vez de investigar a fondo, selló el expediente y empujó la elevación a juicio. Ahora, esa conducta es premiada.
Finalmente, en Paraná, aparece el pliego de Paola Farinó. Su recorrido es más sutil pero igual de grave. No tiene parientes directos en el sistema, pero sí un historial de conveniencia funcional. Archivó la causa de las frazadas compradas con sobreprecio. Cajoneó expedientes sensibles del IOSPER. Nunca molestó a nadie con peso. Nunca investigó a fondo lo que incomodaba. En otras palabras: hizo lo que se espera de una fiscal que quiere durar. Y por eso, la premian.
En cualquier sistema institucional serio, estas impugnaciones bastarían para frenar todo. Pero en Entre Ríos, el sistema está diseñado para proteger a los suyos. Las audiencias públicas son una formalidad. Las objeciones se reciben, pero no se discuten. Nadie cita a los impugnantes. Nadie pide antecedentes. Nadie pregunta cómo se va a garantizar la independencia cuando el hermano es juez, la madre es camarista o el jefe es el propio hermano coordinador.
Frigerio no solo permite esto. Lo impulsa. Es su estrategia para blindarse de acá a los próximos años. Porque si hay algo que el poder sabe hacer, es construir impunidad desde abajo. El Senado va a votar, pero no va a decidir nada. La decisión ya está tomada. Lo único que falta es el sello.
Y así, mientras las víctimas siguen esperando justicia, mientras las denuncias por corrupción se acumulan en cajones, mientras el aparato estatal se vuelve cada vez más opaco y vengativo, en la cúspide del poder se termina de cerrar el círculo. Un círculo de protección, de parientes, de silencio. Y de miedo.
Esta nota no es una advertencia. Es una denuncia. Porque lo que se está por votar esta semana no es un grupo de fiscales. Es una idea de justicia. Y esa idea, en Entre Ríos, cada vez se parece más a una oficina privada de encubrimiento.
