Según consigna el portal Ricardo David, la causa por la megaestafa de “créditos truchos” vuelve a poner bajo la lupa a Laura Stratta por presuntas presiones a auditores del Tribunal de Cuentas para convalidar expedientes de préstamos irregulares. El medio describe declaraciones que atribuyen a técnicos internos del organismo un esquema de “agilización” y firmas exprés que habrían permitido el otorgamiento masivo de créditos sin controles sustantivos.
Lejos de ser un destello coyuntural, este giro judicial confirma una línea de investigación que ese portal provincial marcó primero: años atrás advirtió sobre irregularidades con subsidios —incluidos los llamados “AMUEL”— y publicó que auditores del Tribunal de Cuentas detectaron beneficiarios apócrifos y circuitos de control debilitados durante la gestión de Stratta en Desarrollo Social.
Lo que hoy se ventila
Presunta presión institucional: auditores habrían recibido indicaciones para “sacar rápido” y firmar resoluciones que destrababan pagos o aprobaciones de créditos.
Operativa administrativa: el expediente público ya venía señalando a Pedro Gebhart (ex secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor) por su rol en el programa de emprendedores; hubo allanamientos y pedidos de documentación desde 2024, y reportes periodísticos anticiparon un posible abreviado.
Por qué importa
El caso combina monto fiscal, captura de procedimientos y responsabilidad política. Si las presiones se acreditan, la cadena de mando y los mecanismos de control serán el núcleo del expediente: no se trata sólo de un funcionario operativo, sino de cómo y por qué se consolidó un sistema que relajó controles en programas sensibles.
Contexto y antecedentes
En mayo de 2021, Ricardo David publicó la primera investigación sobre fraudes con subsidios vinculados a la órbita de Stratta. Ese punto de partida es el que hoy vuelve, con más volumen probatorio, al centro de la escena.
Desde 2024, otros medios reflejaron el avance de la pesquisa por créditos a emprendedores y el perjuicio millonario en evaluación.
Qué sigue
La Fiscalía deberá traducir trascendidos en prueba dura: actas, resoluciones firmadas, trazabilidad de expedientes y testimonios con identidad y cargo. En paralelo, el Tribunal de Cuentas enfrenta su propio examen: cómo se documentaron las advertencias internas y qué medidas correctivas se dispusieron.
Nota de redacción: Este medio sostiene la presunción de inocencia y el derecho de réplica. La cobertura se basa en publicaciones previas, documentos judiciales y fuentes abiertas citadas; cualquier parte mencionada puede acercar su versión para ser incorporada en futuras notas.
