En Santa Fe hubo sentencia y cárcel. El ex jefe de fiscales de Rosario, Patricio Serjal, fue condenado a 9 años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción ligada al juego clandestino. Fallo unánime y con responsables con nombre y apellido.
En Entre Ríos, el espejo devuelve impunidad selectiva. El ex fiscal Federico (Guillermo) Uriburu acumula denuncias gravísimas —abuso sexual y privación ilegítima de la libertad—, fue allanado y la causa sigue en investigación, sin prisión preventiva. En paralelo, el STJ recién en octubre de 2025 lo cesanteó por un sumario abierto en 2023 (cuando ya había renunciado). Resultado: está libre, sin condena, con un sistema que lo dejó caer solo cuando ya era insostenible.
La “corporación” solo se activa para sacarse de encima a un juez
Cuando se trata de disciplinar hacia adentro, el Jurado de Enjuiciamiento funciona como guillotina exprés. Caso testigo: Josefina Etienot fue destituida por violencia laboral. Es reprochable, sí; pero la energía institucional estuvo puesta en castigar a la persona, no en abrir la caja de las estructuras que la magistrada venía cuestionando. El mensaje es claro: control hacia adentro, silencio hacia arriba.
Y cuando la lupa apunta hacia arriba, todo se relativiza. Ahí están los pedidos de información por licencias y viajes de la vocal Susana Medina, que obligaron a publicar un informe oficial con ausencias y salidas al exterior: datos que deberían haber gatillado una auditoría seria y debate público… y sin embargo nada estructural cambió.
El triángulo de poder que explica la inercia
Procuración & Casación: la pareja entre el Procurador Jorge García y la vocal de Casación Marcela Badano es un dato público. ¿Hace falta explicar por qué la ciudadanía percibe protección corporativa cuando fiscales con denuncias gravísimas no pisan un debate oral mientras la maquinaria del Jury se enciende para “casos internos”?
Política: en febrero de 2024 se constituyó el nuevo Jury con foto institucional y presencia del gobernador Rogelio Frigerio; en abril hubo incluso reuniones sobre “cambios legislativos”. ¿Reforma integral del Jury, plazos, sorteos, audiencias públicas, publicación completa de expedientes? Sigue pendiente.
Nombres y responsabilidades
Rosario Romero (ex Ministra de Gobierno, hoy intendenta de Paraná): años de gestión política sobre un sistema que no garantiza controles externos reales. Si el Jury es una escribanía del poder, también es su responsabilidad.
Rogelio Frigerio (gobernador): tiene la lapicera para ordenar la agenda institucional. Hay fotos, actos y promesas. Falta la ley y faltan los hechos: un Jury con reglas anticorporación y tiempos perentorios.
Lo que Santa Fe ya hizo y Entre Ríos sigue esquivando
- Juicios que terminan en condenas: en Rosario ya hubo veredicto y cárcel para un ex fiscal; acá, Uriburu está investigado, allanado y cesanteado, pero sin audiencia de juicio ni cautelares efectivas.
- Transparencia procesal: Santa Fe mostró debate oral y fallo; en Entre Ríos, los expedientes del Jury no son plenamente públicos y los procesos se empantanan. (Sobre Etienot hubo celeridad para el castigo, no para auditar lo que denunció).
Qué hacer ya (sin excusas)
Ley de Jury anticorporación: sorteo de integrantes, incompatibilidades reforzadas, publicidad total (audiencias en vivo, publicación de pruebas y votos), plazos fatales.
Rendición trimestral del Jury ante la Legislatura con indicadores (denuncias ingresadas/admitidas/sanciones).
Política criminal clara en delitos sexuales con operadores judiciales imputados: protocolos de cautelares, apartamientos inmediatos, y prioridad de agenda hasta la elevación a juicio.
Portal de ausencias y viáticos del STJ en tiempo real, auditado por la AGPE y la sociedad civil.
Conclusión. Santa Fe condena. En Entre Ríos, el Jury funciona para disciplinar y se frena cuando el caso salpica arriba. Si Romero y Frigerio no ponen la reforma en el Boletín Oficial —con plazos y control social real—, lo que hay no es Justicia: es corporación. Y Uriburu es el caso testigo.
