En Entre Ríos, el Ministerio Público Fiscal debería ser sinónimo de imparcialidad, legalidad y respeto al Estado de Derecho. Pero en la ciudad de Victoria, esa misión ha sido vaciada por completo.
La Dra. Flavia Villanueva continúa ejerciendo como fiscal desde hace 13 años, sin haber concursado nunca el cargo. Su permanencia no responde al mérito ni a un proceso constitucional transparente, sino a una decisión política personal del procurador general Jorge Amílcar Luciano García, quien lleva 18 años manejando el organismo con discrecionalidad absoluta.
Fue García quien, durante la instauración del régimen procesal penal acusatorio en la provincia, designó a Villanueva como fiscal interino en Victoria.
Desde entonces, jamás se llamó a concurso para cubrir ese cargo, jamás se evaluó su desempeño, y jamás se promovió un reemplazo. La estabilidad de Villanueva es el reflejo más crudo de una estructura judicial sostenida en el acomodo, el verticalismo y la arbitrariedad.El caso no es aislado.
A su lado, el Dr. Gamal Taleb —también designado sin concurso— ejerce como “coordinador interino” del Ministerio Público en Victoria.
Una figura de Diamante, hijo de una funcionaria acusada de corrupcion y beneficiada con una insolita slida alternativa, cuyo único mérito parece ser la fidelidad al sistema que lo nombró.
Taleb y Villanueva son hoy quienes organizan y deciden el acceso a la justicia penal en la ciudad, sin legitimación, sin idoneidad acreditada y sin control institucional real.Pero lo más grave es que este modelo permite y naturaliza situaciones impensables en un Estado de Derecho.
En Victoria se ha consolidado una práctica perversa: fiscales que acusan y jueces que juzgan siendo pareja. Matrimonios judiciales, como el de Villanueva y Callejas, que trabajan en tándem en los mismos expedientes, sin excusarse, sin que nadie intervenga.
Una promiscuidad institucional que compromete seriamente la garantía del juez natural para las causas de VILENCIA DE GENERO, que de multiplican y son resueltas por MARQUEZ O LLOVERAS, sin formacion penal,comprometiendo la imparcialidad y el debido proceso.La justicia penal de Victoria se ha convertido en un feudo.
En lugar de fiscales y jueces concursados, con trayectoria y autonomía, la ciudadanía se encuentra con una estructura cerrada, auto-reproducida, que responde a una lógica de castigo selectivo, favores internos y silencios funcionales. Un sistema que no protege a las víctimas, sino a sus operadores.
Todo esto ocurre bajo la tutela de Jorge García, quien no sólo permitió estas prácticas, sino que las institucionalizó. Durante 18 años, no promovió el ingreso por concursos, ni transparentó la gestión, ni sancionó conflictos de interés. Por el contrario, consolidó un esquema de poder donde las personas que deciden sobre la libertad y el destino de los entrerrianos no le deben nada a la Constitución, pero sí mucho a él.
