La Justicia entrerriana condenó a 3 años de prisión condicional a Shirley Ivón Pesoa por la muerte de Lautaro Meglio (24), ocurrida en febrero de 2024 en Paraná. La querella había pedido cárcel efectiva; el tribunal eligió el camino blando. Resultado: no pisa la cárcel. El dolor de la familia y el mensaje a la sociedad son inconfundibles.
El precedente perfecto (para el poderoso de turno)
Si matar con el auto “cotiza” en condena en suspenso, ¿qué le queda al expediente de Juan Ruiz Orrico —ex funcionario, alcoholizado según pericias, cuatro trabajadores muertos en Ruta 39— que todavía espera fecha de debate? La defensa de Orrico no necesita inventar nada: ya tiene un fallo fresco que naturaliza la benevolencia. Mientras tanto, la causa fue elevada a juicio y el querellante reclama cumplimiento efectivo de pena.
La postal de una política criminal quebrada
Bajo los años de conducción de Jorge García, el Ministerio Público terminó perfeccionando la doble vara: tolerancia selectiva con lo que conviene y dureza ejemplar con quien molesta. Caso testigo: a Carlos G. Reggiardo —sí, el mismo que denuncia hace años la podredumbre del sistema— le piden dos años en suspenso por un incidente vial sin terceros embestidos, con una chica que se cayó sola en moto y se quebró la muñeca. ¿Cuál es el interés público ahí? Venganza por denunciar. ¿Cuál es la coherencia con Meglio? Ninguna. Es la “política criminal” como castigo al denunciante y coartada para la impunidad.
La señal a la calle
Con Meglio quedó escrito: matar en tránsito puede no tener cárcel. Con Orrico en la gatera, el sistema se prueba a sí mismo: ¿va a honrar a las víctimas con penas efectivas o seguirá cuidando apellidos? La respuesta define algo más que un expediente: define si Entre Ríos acepta que la ley pese menos que el prontuario político.
Basta de doble vara.
Cárcel efectiva para quien mata.
Fin del hostigamiento penal al que denuncia.
