En la causa Securitas, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes salió a explicar que “la provincia inició una investigación administrativa” para ver qué posición adopta como socia mayoritaria de ENERSA, si hay daño, si va a reclamar o no.
Traducido: los mismos que controlaban, firmaban y miraban para otro lado hoy se reservan el derecho exclusivo de revisar lo que hicieron.
No es un dato menor que quien hoy habla de “investigación administrativa” fue síndico de ENERSA en 2018, cuando se firmó el contrato con Securitas que está en el centro de la trama de coimas. Él mismo describe la función de la Sindicatura como la de revisar la legalidad formal de las contrataciones y dejar constancia en los libros de actas que ahora están en el Juzgado.
Es decir: el que debía controlar ese procedimiento, hoy encabeza el relato según el cual “la función se cumplió perfectamente” y no recuerda ninguna irregularidad “palmaria”.
En cualquier república seria, eso se llama conflicto de interés brutal: el auditor de ayer es el juez de sí mismo hoy. Acá se disfraza de “investigación administrativa” en el ámbito del propio Ejecutivo. No hay un órgano externo, no hay independencia, no hay distancia. Hay un círculo cerrado de poder donde la provincia, ENERSA, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado se miran al espejo y se certifican que todo estuvo bien.
Mientras tanto, se baja línea: los Tórtul “eran Securitas”, la responsabilidad es de la empresa que se autodenuncia para zafar por la ley 27.401 y los chats donde se menciona a Bordet, funcionarios y allegados serían apenas “invocaciones” sin valor probatorio, “ni siquiera indicios”.
El guion es claro: la multinacional se auto-investiga para salvarse, y la provincia se auto-investiga para salvar a su clase política.
El 911 del “no recuerdo”
Cuando el tema se corre al contrato del 911 –esa licitación rodeada de versiones sobre presiones y exigencias de los Tórtul que el propio Bordet reconoció públicamente–, Rodríguez Signes de repente sufre un apagón de memoria: dice que no recuerda quiénes eran los oferentes de ese contrato.
Un Estado que sabe hasta cuántas lámparas tiene un club de barrio cuando va a cortarle la luz, de golpe no recuerda quiénes fueron los oferentes de una licitación millonaria del sistema 911. Un fiscal de Estado que puede recitar la arquitectura jurídica de la ley 27.401 y del contrato con Securitas, no recuerda algo tan básico como quiénes compitieron por uno de los negocios más sensibles de seguridad pública.
Es el mismo patrón: mucha precisión para explicar por qué la responsabilidad se traslada a empleados y contratistas; mucho tecnicismo para minimizar el contrato (“no es remotamente de los más importantes”, dice); y un cómodo “no recuerdo” cuando se toca la fibra del 911, donde se cruzan negocios, seguridad y política.
La autoinvestigación como modelo de impunidad
Que hoy se anuncie, con toda naturalidad, que “está en marcha una investigación administrativa en la provincia” para ver qué hace el socio mayoritario de ENERSA, no es una buena noticia: es la confirmación de que Entre Ríos sigue siendo la provincia donde los sospechados se reservan el monopolio de la verdad.
Porque una verdadera investigación administrativa debería estar en manos de un órgano ajeno a quienes participaron del negocio; debería abrir los libros, los correos, los chats y las actas a control ciudadano, legislativo y judicial real. En cambio, lo que se vende como gesto de transparencia es apenas una cortina de humo para ganar tiempo, ordenar el relato y blindar responsabilidades.
Entre Ríos no necesita más “autoinvestigaciones” de los mismos que acompañaron, firmaron o avalaron contratos hoy bajo sospecha. Necesita algo mucho más simple y, a la vez, mucho más revolucionario para esta provincia: que los que controlan dejen de ser los mismos que se beneficiaron del sistema. Y que el “no recuerdo” deje de ser la contraseña de impunidad para los negocios del 911, de ENERSA y de todo el entramado de poder que se montó alrededor de la causa Securitas.
