Luis Francisco Márquez Chada es el ejemplo perfecto de cómo la política y los negocios familiares colonizaron la justicia en Entre Ríos. Su ascenso nunca estuvo marcado por el mérito, sino por acomodos.
Su padre, con peso en los concursos más sensibles de la provincia —como el que definió al actual contador y tesorero, de íntima cercanía a Bordet— jugó fuerte para abrirle camino. Nunca se supo del todo cómo operó, pero su sombra estuvo presente: rompió las reglas no escritas de transparencia y empujó a su hijo hacia un cargo que no había ganado.

Márquez Chada entró a la justicia como suplente por gestiones de Busti, con apenas 27 años, producto de un acuerdo político en campaña. Y años después, ya bajo Bordet, logró lo que nunca pudo por mérito propio: convertirse en titular, pese a quedar muy atrás en el examen de conocimientos. Fue la entrevista, cuidadosamente inflada por la Legislatura, la que lo catapultó hasta la terna final. Bordet, rompiendo la tradición de designar al ganador, lo ungió juez.

Hoy su nombre es sinónimo de arbitrariedad en Victoria. Acumula denuncias por su trato discrecional en causas con menores, tiene un jury en su historial, y hasta nombró a un amigo personal como ordenanza del juzgado. En los pasillos se comenta que para “arreglar” con la justicia local, hay que arreglar con él.
El apellido arrastra además un pasado oscuro: su padre fue síndico en la quiebra de la agropecuaria Rincón, episodio que destrozó a Victoria y que aún se recuerda como una estafa colectiva. Su madre, candidata a concejal por el kirchnerismo, se dio vuelta apenas ganó para sumarse al sector contrario.
Márquez Chada no llegó para limpiar la justicia de Victoria: llegó para hundirla más. Su historia es la de un juez que trepó por acomodos familiares y políticos, dejando en claro que en Entre Ríos la justicia no se gana en los concursos, se negocia en los escritorios.