Dato que desarma cualquier operación: Daniel Rossi fue elegido intendente seis veces y fue vicegobernador de Entre Ríos. Legitimidad ganada a votos, gestión y presencia territorial. Al que lo conoce, lo vota. Lo demás es puro celo político y miedo a quien conserva poder real sin depender del poder de turno.
En Entre Ríos, algunos confunden “institucionalidad” con disciplinamiento. Y otros convierten el periodismo en un palo. Federico Malvasio exhibe una fijación con Rossi: no informa, hostiga; no contrasta, opera. La fórmula es conocida: chicana personal, insinuaciones sin prueba y una coartada moral para encubrir el verdadero tablero del poder.
Ese tablero tiene nombre y apellido: Rosario Romero. En los pasillos promete “ordenar” causas; en los hechos, los expedientes duermen cuando conviene y aceleran cuando hace falta show. ¿Independencia judicial? Solo en el eslogan. En la práctica, manejan la Justicia como instrumento de control político.
El episodio de hoy es calcado: Rossi comparte una denuncia penal por financiamiento político —tema de interés público y jerarquía constitucional— y el aparato sale a desviar el foco. Malvasio escribe sobre “grupos vaciados” y “semánticas”, pero evita lo esencial: ¿se investigará el circuito del dinero? ¿Habrá testigos, auditorías, cruces de movimientos? Silencio. Porque el objetivo no es la verdad: es disciplinar al que denuncia.
La obsesión dice más del operador que del señalado. Cuando un periodista actúa como parte de las causas que comenta, deja de ser cronista y pasa a herramienta. Si a eso se suma un poder político que promete y ordena en tribunales, el resultado es el de siempre: lawfare doméstico, libreto reciclado y reparto de favores.
Lo decimos sin rodeos:
Transparencia es institucional; callar ante posibles delitos, no.
El financiamiento partidario no es un chisme: es materia penal y constitucional.
El periodismo que oculta papeles y amplifica operaciones es logística del apriete, no control ciudadano.
La Justicia que protege amigos y selecciona enemigos no es Justicia: es proveeduría del poder.
Rossi hizo lo que corresponde: informar y exigir investigación. Malvasio, con su fijación, se delata; Rosario Romero, con su influencia, también. Que hablen los expedientes, no los aprietes. Y que cada operador —político o mediático— se haga cargo de lo que firma.
