El inicio de la polémica
El 1° de marzo la ciudad de Victoria amaneció con la noticia de allanamientos en empresas proveedoras de la Municipalidad. El procedimiento, ordenado por la Fiscalía local, apuntaba a esclarecer si existió un conflicto de interés: la comuna había contratado a una firma que pertenecía al entonces secretario de Planeamiento, Ebenezer García, hasta poco antes de asumir el cargo.
La situación generó un cimbronazo político inmediato. En pocas horas, la intendenta Isa Castagnino le pidió la renuncia a su funcionario de confianza y comunicó públicamente su decisión.
Qué se encontró
Los allanamientos incluyeron secuestro de documentación, computadoras y teléfonos celulares. Todo ese material está bajo peritaje para determinar montos, fechas y modalidades de las contrataciones.
Por ahora, lo único claro es que el municipio compró hormigón a través de los procedimientos legales de contratación. El punto en discusión es si esa relación comercial configura una incompatibilidad con la función pública de García.
Estado de la causa
- Sin imputaciones: hasta el momento, no hay acusaciones formales contra García ni contra otros funcionarios municipales.
- Sin publicación oficial: el caso todavía no aparece reflejado en los apartados de corrupción del Ministerio Público Fiscal.
- Pedido de información: este medio remitió un correo a la Fiscalía solicitando detalles sobre las imputaciones, los resultados de los allanamientos y las próximas medidas. La respuesta aún está pendiente.
Las firmas que comprometen
En la práctica administrativa municipal, la intendenta es quien firma los contratos. El secretario refrenda los actos y asume responsabilidad solidaria, pero la decisión habilitante siempre corresponde al Ejecutivo.
Esto significa que la eventual responsabilidad política primaria recae en la firma de Castagnino, aunque García no queda exento si se confirma que mantuvo vínculos con las empresas contratadas.
Lo que falta aclarar
- ¿Qué contratos concretos obtuvo la empresa vinculada a García y bajo qué modalidad?
- ¿En qué momento dejó de ser socio o propietario de esa firma?
- ¿Qué resultados arrojaron los peritajes sobre la documentación secuestrada?
- ¿Avanzará la Fiscalía hacia imputaciones formales o quedará en un caso administrativo?
La necesidad de transparencia
El caso del “hormigón de Isa” expone otra vez la delgada línea entre lo legal y lo legítimo en la gestión pública. Aun cuando los procesos administrativos se hayan cumplido, la confianza ciudadana se erosiona cuando no hay información clara ni respuestas rápidas.
La renuncia de García fue una decisión política contundente, pero no resuelve el fondo del problema. En Victoria, los vecinos esperan algo más que trascendidos: esperan que la Justicia y el municipio aclaren con documentos en mano qué pasó, quién decidió qué, y si alguien debe rendir cuentas.
En tiempos donde la palabra corrupción aparece demasiado seguido en la agenda pública, la transparencia no es un gesto, es una obligación.
La Caldera.-
