En la ciudad de Victoria el consumo de cocaína dejó de ser un rumor de noche para convertirse en un dato de la vida diaria. Ya no es “un problema ajeno”, ni “algo de otros barrios”, ni una postal aislada de fin de semana. Es un fenómeno abierto, creciente y visible, que atraviesa familias, escuelas, pequeñas economías domésticas y hasta la seguridad básica de los hogares. Lo verdaderamente alarmante no es solo el avance del consumo: es el silencio institucional que lo acompaña.
Hay denuncias, hay pruebas, hay relatos consistentes y hay patrones repetidos. Hay nombres de vendedores que se repiten en cada historia, y hay víctimas que se cansaron de contar lo mismo en distintos escritorios. Sin embargo, la respuesta de los fiscales aparece fragmentada, tardía o directamente inexistente. El mensaje que baja a la calle es brutal: el que denuncia queda expuesto y el que vende sigue cómodo. La impunidad también es una política pública cuando se vuelve costumbre.
La cocaína no llega sola: llega con violencia, con robos, con vínculos delictivos que se meten en las casas y con episodios que terminan dejando niñas y niños en el medio de la tormenta. Y cuando el consumo escala, aparecen los discursos “convenientes” para bajarle el precio al desastre: que es un “tema económico”, que es un “conflicto sentimental”, que es un “problema de pareja”. En ese guion liviano, la adicción real desaparece y el riesgo concreto se vuelve un simple capricho narrativo.
En este contexto, la situación que rodea las decisiones del juez Luis Francisco Márquez Chada expone un síntoma institucional preocupante: el expediente disciplinario y sancionatorio se vuelve más rápido que la respuesta protectoria cuando hay una menor en riesgo. Esa lógica invierte prioridades: primero castigo, después escucho. En una ciudad atravesada por consumo y violencia asociada, esa inversión es un lujo que no podemos pagar.
También resulta grave –y éticamente explosivo– el rol que pueden tener ciertos profesionales cuando reducen un cuadro de consumo severo a una lectura superficial. El médico Mareman ha sido señalado en denuncias por encuadrar la situación como un “problema económico” en un escenario donde el consumo crónico de cocaína, según la evidencia aportada, era el dato central. Si eso se acredita, no estamos ante un error menor: estamos ante una omisión con potencial de tragedia.
La pregunta correcta no es por qué las familias colapsan. La pregunta correcta es por qué el Estado llega tarde o no llega. Por qué, cuando hay advertencias de riesgo, el sistema reacciona como si estuviera oyendo una discusión doméstica y no una alarma sanitaria y criminal. Por qué algunos prefieren leer el incendio como un conflicto privado antes que admitir que el barrio está lleno de nafta.
La ciudad necesita decisiones urgentes y simples: investigar a los vendedores conocidos, proteger a quienes denuncian, intervenir temprano en los casos de consumo grave, y poner a las niñas y niños en el centro real del sistema, no en los discursos de ocasión. Si la justicia no recupera la calle, la calle se la va a llevar puesta a la justicia.
Porque esto ya no es vida. Y porque cuando la cocaína avanza y los fiscales miran para otro lado, lo que se abandona no es un expediente: se abandona a una ciudad entera.
