Otra vez Entre Ríos. Otra vez una joven asesinada y una plaza pidiendo justicia. A Daiana Mendieta ya la nombra la calle; frente a Tribunales de Paraná hubo movilización, rabia y un reclamo obvio: que el Estado deje de llegar tarde.
Mientras tanto, la política y la justicia provincial se miran el ombligo y se enredan en peleas de egos y poder: Medina con García, Enz con Medina, Badano con Carubia, Romero con Halle. Cambian los apellidos de la grilla, no el libreto: operaciones de pasillo, chicanas, pedidos de informes para la tribuna. En ese ring interno, las mujeres siguen cayendo.
Y no es la primera vez que el espanto se escribe en un aljibe. El caso Fátima Acevedo fue un escándalo que marcó a Paraná. Ese fin de semana de la 31ª Fiesta Nacional del Mate (sábado 7 y domingo 8 de marzo de 2020), la ciudad bailó mientras corrían versiones y desmentidas sobre la búsqueda; la confirmación oficial del hallazgo llegó el domingo 8, en un pozo de unos 18 metros. El lunes la indignación rodeó Tribunales. Desde entonces “nada fue lo mismo”, pero demasiado sigue igual.
El golpe más duro de ese expediente fue otro: el cuerpo apareció en la misma zona donde ya se había rastrillado durante días. La constatación de que se buscó, pero no se encontró a tiempo, quedó en actas y en la memoria pública.
Los hechos documentados son tercos: Fátima desapareció el 1 de marzo y fue hallada el domingo 8; luego, la Justicia provincial debió aclarar rumores y datos erróneos que habían circulado en esas horas. Años después, la condena a prisión perpetua quedó firme. Pero el sistema que falló en prevenir —alertas, seguimiento, coordinación, controles— continúa sin rendir cuentas reales.
Cinco decisiones elementales que Entre Ríos ya no puede patear:
- Respuesta inmediata ante riesgo alto y denuncias previas, sin papeles intermedios.
- Unidades mixtas (Fiscalía–Policía–Áreas de Género) con guardia 24/7 y métricas públicas de tiempo de respuesta.
- Perímetros y monitoreo electrónico con protocolos que deriven en detención automática ante violaciones.
- Prioridad fiscal y judicial para la violencia de género: no es un expediente más.
- Auditorías externas obligatorias después de cada femicidio, para revisar qué hizo —o no hizo— el Estado.
Este editorial no busca una frase para la foto: exige política pública, presupuesto y responsables cuando las medidas fallan. Daiana no es una estadística; Fátima no fue un caso “cerrado”. Si los palacios siguen peleando por egos y poder, la calle seguirá poniendo los nombres propios que faltan. Porque “Ni una menos” no es consigna: es un límite moral.
