En la primera entrega contamos cómo en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) los privilegios no se extinguen: mutan, se mimetizan, sobreviven. Hoy traemos la escena siguiente. Hay nombres, hay expedientes y—sobre todo—hay una moraleja: Exequiel Donda hizo lo correcto en el último acto… y aun así la obra sigue siendo la misma.
La historia arranca en 2018, cuando el entonces jefe jurídico Teodoro Ricardo Gorelik consiguió el adicional por desarraigo por Resolución 015/18. Sobre el papel, el desarraigo compensa a quien debe vivir lejos de su casa para cumplir la función. En la vida real, el funcionario guardaba el auto oficial en su cochera de Victoria, viajaba y cargaba YPF Ruta como si la provincia fuera una extensión del garaje. El absurdo es de manual: te pago para que no vuelvas a tu casa y a la vez te doy movilidad y combustible para que vuelvas todos los días. Estado bobo en versión premium.
Pausa. Saltemos a 2024. Ya con Donda en el sillón, el área firma la Resolución 028/24 y da de baja aquel plus. “Se acabó”, dicen los papeles. Pero los papeles nunca cuentan el final completo: no hay sumario para identificar a quienes lo otorgaron y lo sostuvieron; no hay reclamo de reintegro por los años de cobro indebido; no hay denuncia penal para que un fiscal levante la cabeza del escritorio y siga la pista del combustible, las órdenes de servicio, los choferes, las planillas de kilometraje. Se apagó la luz en la escena del crimen, sí. Pero nadie levantó huellas.
Mientras tanto, el mapa de relaciones sigue ahí. Mariano D. Benedetto, ex secretario legal y técnico y socio privado de Gorelik en Victoria (ver foto), figura en otro expediente con 76 inasistencias a mayo de 2022. Setenta y seis. Una temporada completa de ausencia sin que retumbe la campana del control interno. Los mismos apellidos, los mismos pasillos, los mismos mecanismos. La red no se corta: se administra.
Alguien podría decir: “Bueno, Donda hizo lo que había que hacer: anuló el desarraigo”. Y es verdad. Pero anular no es desarmar. Lo que distingue a una gestión que cambia la cultura de otra que solo perfuma el ambiente es el paso siguiente: investigar, individualizar responsables, recuperar la plata y mandar el expediente a la justicia. Todo lo demás es cosmética: un brochazo de prolijidad sobre la misma pared descascarada.
Porque acá no se discute un recibo, se discute una matriz. Una que naturaliza el “combo” privilegio + vista gorda. Una que ya vimos en otras oficinas y en otras épocas: beneficios que se cortan cuando estallan y se rearman dos años después, con otra firma, otro membrete y la misma lógica de siempre. Si la DPV quiere dejar de ser la red de favores que describimos en la primera nota, tiene que romper el espejo, no limpiarlo.
Y ojo con el cuento de la austeridad. Nada más caro que no sancionar: el mensaje hacia abajo es devastador. Si cobraste un plus que no te correspondía y solo te lo cortan cuando se empieza a hablar del tema, ¿qué aprendiste? Que lo peor que puede pasarte es volver a cero. Nunca devolver, nunca responder, nunca explicar. Es la estética de la corrección sin consecuencias, la ética IKEA del Estado: armar y desarmar muebles sin mirar el manual de responsabilidades.
Lo honesto sería decirlo así: la DPV se debe una auditoría integral de desarraigos, vehículos, choferes y combustibles desde 2013 a hoy; cruzar padrón de adicionales con hojas de ruta, peajes, cargas de nafta, licencias, adscripciones y lugares de residencia real. Y después—recién después—sumarios con nombres y apellidos, cálculo del daño patrimonial y denuncia penal donde corresponda. Que el “se deja sin efecto” no sea el final, sino el primer renglón de la reparación.
Mientras eso no ocurra, el guion es el de siempre: se corta el hilo por el lado administrativo y la trama se salva. Cambian los administradores, se actualiza el logo, se firma una resolución que luce bien en redes… y en los sótanos, la maquinaria que habilitó el beneficio sigue intacta, aceitada, útil para el próximo que se anime.
Lo dijimos y lo repetimos: Vialidad no necesita un gesto; necesita una cirugía. La novedad que traemos hoy—los expedientes que prueban el ida y vuelta del desarraigo a Gorelik, la baja tardía y el sumario que nunca llega, las ausencias de Benedetto contabilizadas como si fueran llovizna—no es un detalle de color. Es la foto nítida de por qué Entre Ríos paga caro su burocracia sin sanciones.
Donda tiene la oportunidad de pasar de administrador a reformista. Le basta con hacer algo que en la política parece revolucionario: seguir el dinero, recuperar lo cobrado, sancionar a quien corresponda y publicar todo. Si eso sucede, lo contaremos con el mismo énfasis. Si no, volveremos a escribir—porque las rutas pueden esperar, pero la tolerancia social a los privilegios no tiene más peaje que el silencio.
La Caldera seguirá pidiendo: listado público de todos los desarraigos, criterios de otorgamiento, actas de asignación de vehículos y consumos YPF Ruta, estado de sumarios y reintegros. Que los papeles que hoy muestran la anécdota cuenten por fin el final. Y que el final no sea el de siempre.
