El exjuez de Garantías de La Paz, Walter Daniel Carballo, fue denunciado penalmente por peculado agravado y prevaricato, acusado de beneficiar ilegalmente a empresarios imputados por el desvío de fondos públicos en una obra vial emblemática en la ciudad de Santa Elena. Lo hizo a través de una resolución judicial que otorgó una suspensión del juicio a prueba (probation) a empresarios implicados en delitos de peculado y falsificación de documento público, violando expresamente la ley penal y el criterio jurisprudencial del Superior Tribunal de Justicia.
Entre los beneficiarios está Néstor Iván Szczech, empresario de fuerte peso en la obra pública entrerriana y padre de Iván Szczech, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, figura clave en el engranaje nacional de contratistas del Estado.
Pero lo más escandaloso no es solo la probation. Es a quién se acusó y a quién se salvó.
La obra tenía un presupuesto para 20 cuadras. El entonces intendente Domingo Daniel Rossi —en lugar de recortar— ordenó que se hicieran 27 cuadras, es decir 7 más de las previstas. A pesar de esto, Rossi fue imputado penalmente, mientras que los empresarios que iban a ejecutar solo las 20 —y habían cobrado por adelantado— fueron beneficiados con una probation que les evitó el juicio oral.
Es decir: quien amplió la obra y garantizó que se hiciera más de lo contratado fue criminalizado, mientras que los beneficiarios de los fondos públicos, que ya los habían cobrado, fueron eximidos del proceso penal.
La resolución judicial que convalidó esta maniobra fue dictada por Carballo en 2022 y cuestionada ante el Jurado de Enjuiciamiento. Sin embargo, en marzo de 2025 el juez se acogió a una jubilación exprés, que le permitió eludir la investigación disciplinaria. El Superior Tribunal de Justicia declaró “abstracta” la causa por “sustracción de la materia” y la denuncia fue archivada sin analizar el fondo.
De tocar el bombo a blindar empresarios
La trayectoria de Carballo no se explica por méritos técnicos, sino por fidelidades políticas. Ex percusionista del gremio La Bancaria, fue impulsado por José Carlos Halle como subsecretario de Justicia, en una estructura política dirigida por Rosario Romero. Desde allí, pasó directamente a la magistratura.
Su perfil mediático se consagró con el tristemente célebre acto en el caso Fernanda Aguirre, donde permitió que una médium ingresara a la causa bajo la conducción televisiva de Susana Giménez, engañando públicamente a la madre de la joven desaparecida. Lejos de ser sancionado, fue premiado con un juzgado de Garantías.
Desde ese cargo, fue el juez que armó la causa contra Rossi, mientras en la misma causa le garantizaba impunidad a los empresarios contratistas. La distorsión es completa: quien hizo más de lo debido fue imputado; quien cobró para hacer menos, fue perdonado.
Ahora, una denuncia penal busca revertir la maniobra:
“A Rossi lo imputaron por hacer 7 cuadras de más. A los empresarios que se llevaban el dinero por 20, les dieron una probation. Y Carballo se jubila sin dar explicaciones. Esto no es justicia, es blindaje institucional”, denunció el patrocinante, Dr. Carlos Reggiardo.
Mientras tanto, en redes ya circula su caricatura: el juez tocando un bombo, pero con el parche vacío. Porque donde debería haber Justicia, hay silencio.
