El actual Ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, es la prueba viva de que los privilegios en la política no se erradican con discursos. Se presentó como funcionario “ad honorem”, pero ese gesto es más simbólico que real: renunció a su sueldo como ministro, sí, pero cobra una jubilación millonaria como exjefe de la Policía Federal y, además, percibe una compensación por desarraigo. El resultado: al Estado como lo que no es «la nuestra» le cuesta más que un ministro en funciones comunes. El relato del sacrificio cae por su propio peso.
Esta maniobra de doble beneficio no es ilegal, pero sí profundamente inmoral. El mismo gobierno que predica austeridad y achique, permite que un funcionario ya jubilado cobre miles de pesos mensuales, con fondos públicos, bajo el barniz de un “honor” que no le cuesta nada.
Pero el problema de Roncaglia no es solo económico. Su paso por la Policía Federal está marcado por denuncias que todavía pesan: desde encubrimiento a narcotraficantes hasta estructuras corruptas dentro de su propia fuerza. Gustavo Vera, referente de La Alameda, lo acusó de proteger narcos. Jorge Rodríguez, exasesor del Ministerio de Seguridad, lo señaló como responsable del crecimiento del narcotráfico en CABA y lo vinculó directamente con maniobras de enriquecimiento ilícito.
Lejos de aclarar, Roncaglia judicializa a quienes lo critican: demandó a periodistas por “injurias”, en una clara muestra de intolerancia y uso del poder judicial como herramienta de disciplinamiento.
Su paso por Santa Fe dejó marcas indelebles: bajo su jefatura, la delegación de la Policía Federal fue intervenida tras descubrirse una red de oficiales que plantaban droga, pedían coimas y falsificaban actas. Aunque él intentó despegarse, los hechos ocurrieron bajo su supervisión y lo tienen como protagonista obligado.
Mientras tanto, en Entre Ríos, los casos de apremios ilegales crecen. El caso Goteneche –un joven muerto por brutalidad policial–, la desaparición de Joaquín Fabián en plena intervención, y la impunidad de policías ladrones en Gualeguay muestran que no hay depuración ni reforma: hay continuidad del silencio y el encubrimiento. Ni hablar el caso de Fabiani en ALCARAZ, que aun no ha aparecido.
A esto se suma la hipocresía institucional de Frigerio, que mientras promete erradicar el “amiguismo”, designa por decreto a su propio hijo como director de Aviación Civil, sin trayectoria ni concurso. Es como el caso de los autobombo de los autos oficiales hasta que un funcionario borracho mato 4 personas con un auto oficial a las 6 de la mañana saliendo de la casa del organo que elige los jueces y fiscales.
Y sigue la lista: ¿cómo se explica que un solo policía retirado haya recibido 3,5 millones de dólares en efectivo por parte del Estado? ¿Qué justificación existe para ese pago? ¿Dónde están las auditorías y los controles?
Roncaglia representa una versión reciclada del poder: un funcionario con inmunidad mediática, fuero de silencio y una épica de cartón. Cobra de todos lados, no rinde cuentas en ninguno. Y mientras le ponen la banda de “ad honorem”, al pueblo le vacían los bolsillos.
Si esta es la nueva política, lo único nuevo es el cinismo con el que se lo dicen en la cara.
