Editorial de La Caldera
La pregunta incomoda y es legítima: si “dejaron de robar”, ¿por qué la OSER hoy funciona peor que el viejo IOSPER? El oficialismo vendió la “refundación” de la obra social como un cambio de época: menos cargos políticos, menos costos, más control, digitalización y fin de las vivezas criollas. Cuatro meses después, los jubilados y pensionados hablan de recortes, demoras y trámites que envejecen a cualquiera. Y las causas por presuntos sobreprecios—esa sombra que se prometía disipar—siguen vivas. ¿Qué pasó en el medio?
La promesa era ahorro y eficiencia. La nueva estructura llegó con discurso de austeridad y un “circuito inteligente” para medicamentos y prácticas: autorización digital, auditorías centralizadas, “fin de los amparos”. Sobre el papel suena razonable. En la calle, los afiliados chocan con el paredón de la realidad: coberturas que se achican (óptica afuera, fármacos que bajan del 70% al 40% en muchos casos), autorizaciones que tardan y una brecha digital que deja a miles de adultos mayores a la intemperie administrativa. Si el Estado te obliga a resolver por mail o app, te tiene que garantizar que eso funcione para todos, no solo para el nieto que te presta el celular.
La continuidad es un dato, no un relato. OSER no nació de cero: heredó patrimonio, contratos, personal y problemas. Se puede cambiar el nombre del edificio, pero la cultura de gestión no se liquida con una resolución. Por eso, cuando escuchamos “ahorro histórico” y, al mismo tiempo, vemos peor servicio, la pregunta se impone: ¿dónde está la eficiencia prometida? Si se gastan menos sueldos políticos pero se multiplican las idas y vueltas para acceder a un remedio oncológico, la economía es, en el mejor de los casos, contabilidad creativa; en el peor, ajuste ciego.
La Justicia no absolvió a nadie. Hay investigaciones por presuntos sobreprecios que vienen de la etapa IOSPER y presentaciones que apuntan a la transición. No hay condenas firmes. Eso no prueba inocencia ni culpa, pero sí fija el piso de la discusión pública: transparencia total, datos abiertos y control externo real. Sin eso, el veredicto social es lapidario: cambian los sellos, persiste la opacidad.
Los números que OSER debe mostrar ya (y todos los meses):
- Plazos de autorización por tipo de prestación y por delegación (promedio, mediana y máximo).
- Cobertura efectiva de medicamentos por patología crónica (lo que dice el reglamento vs. lo que paga la farmacia).
- Stock y tiempos de entrega de prótesis e insumos críticos.
- Cantidad de amparos ingresados y resueltos por mes (si bajaron, por qué bajaron; si subieron, qué cuellos de botella explotan).
- Listado de compras y proveedores, con precios unitarios y comparativos, para que cualquiera pueda auditar desde su casa.
- Mapa de auditorías presenciales: dónde están, cuántas, con qué personal, qué resuelven y en cuánto tiempo.
- Tablero de reclamos: qué se reclama, cuánto tarda en resolverse y cuántos quedan sin respuesta.
Sin estos siete tableros publicados y auditables, todo lo demás es marketing.
El argumento del “ahorro” no legitima el desamparo. A un jubilado no le sirve que le digan que “la obra social ahorra millones” si al mismo tiempo espera una semana para autorizado y llega a la farmacia para descubrir que su medicación de siempre ahora tiene menos cobertura. El ahorro que empeora la vida de quien aportó décadas no es eficiencia: es abandono.
¿Dejaron de robar? La respuesta honesta hoy es otra pregunta: ¿qué cambiaron—concretamente—en los procesos, en los controles y en la trazabilidad del gasto para garantizar que nadie pueda robar mañana? Porque si la novedad es solo sacar carteles y “bajar cargos”, pero la gente pierde derechos en ventanilla, la épica anticorrupción se vuelve coartada de ajuste.
Una hoja de ruta mínima y verificable:
- Restituir coberturas sensibles (óptica, crónicos) y definir un piso de protección para mayores sin alfabetización digital.
- Delegaciones con auditoría presencial real y turnos garantizados, no casillas de correo que nadie contesta.
- Compras públicas transparentes, con precios comparados y prohibición de discrecionalidad sin dictamen técnico.
- Metas mensuales de autorización y pago a prestadores, con cumplimiento publicado; si no se cumple, renuncias.
- Mesa de diálogo con jubilados, con actas y compromisos públicos, no fotos.
Conclusión. Si de verdad “dejaron de robar”, demuéstrenlo en la única moneda que vale: mejor servicio, más cobertura y menos tiempo de espera. Sin datos abiertos, sin controles externos y sin poner a los jubilados en el centro, la OSER no es reforma: es maquillaje. Y el maquillaje, como todos sabemos, no cura.
