Por Dentro de las Salas de Azar: En la provincia de Entre Ríos, los casinos y salas de juego oficiales no están en manos del Estado sino concesionados a un puñado de empresarios y grupos económicos. Bajo la órbita del IAFAS (Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social), estos privados explotan ruletas, tragamonedas, bingos televisados y apuestas online con ganancias multimillonarias. ¿Quiénes son y qué intereses concentran? Esta investigación revela los nombres detrás de las principales concesiones: desde Daniel Mautone, zar del Casino de Victoria, hasta Jorge Aníbal “Mario” Pérez, dueño de Neogame y Canal 9, pasando por los hermanos “Cacho” y Alfredo Ferrari de Newtronic y otros actores emergentes. También desnuda sus vínculos políticos, participación en medios de comunicación, el número de salas que controlan y el porcentaje de recaudación que retienen. Las fuentes oficiales y periodísticas consultadas pintan un panorama donde “la casa siempre gana” –y en Entre Ríos, más que en ningún otro lugar.
Un negocio estatal en manos privadas
El juego de azar en Entre Ríos es oficialmente estatal, pero desde hace dos décadas gran parte de su explotación está tercerizada en empresas privadas. El IAFAS, creado en 1972 para controlar los juegos de apuesta en la provincia, comenzó a concesionar casinos a partir de 2004, inicialmente con el Casino de Victoria. Años después, bajo gestiones provinciales sucesivas, se habilitó la privatización de más salas y juegos de paño (ruleta, blackjack, póker, etc.) en distintas ciudades. Hoy prácticamente todas las salas de juego oficiales entrerrianas –casinos y salas de tragamonedas– son operadas por particulares, mediante contratos de concesión supervisados por IAFAS.
Este esquema ha dado lugar a un selecto círculo de empresarios del juego que obtienen rentas extraordinarias. Según un informe de 2015, Entre Ríos figura entre las provincias que otorgan mayores porcentajes de las ganancias brutas a los concesionarios privados. De hecho, la participación del Estado entrerriano es excepcionalmente baja: en algunos casos, el IAFAS retiene apenas un 30% de lo recaudado por los casinos concesionados, dejando el 70% a los operadores privados. Este canon contrasta con otras jurisdicciones donde el Estado se queda con el 50% o más de las utilidades del juego. Los empresarios favorecidos en Entre Ríos han disfrutado de condiciones tan ventajosas que sus negocios se han vuelto codiciados incluso para grupos foráneos dispuestos a desembolsar millones por un pedazo de la torta.
Como contrapartida, abundan las denuncias de connivencia política. Diversos reportes han expuesto “vasos comunicantes” entre los concesionarios del juego y el poder: financiamiento de campañas, vínculos con altos funcionarios e incursión de estos empresarios en el sector mediático. A continuación, un repaso en profundidad de quién es quién en el mapa del juego entrerriano.
Daniel Mautone y Casino Victoria: 70% de la apuesta
El Casino de Victoria es uno de los centros neurálgicos del juego en la provincia y emblema de la concesión privada. Su operadora es Casino Victoria S.A., presidida por Daniel Mautone, un empresario nacido en Concordia. Mautone obtuvo la concesión del Casino en 2004 y la ha extendido hasta 2044 mediante un decreto que declaró a Victoria “zona turística”, facilitando la prórroga anticipada del convenio. Esta decisión se concretó durante la gestión de Gustavo Bordet, con quien Mautone tiene una relación de cercanía.
Informes periodísticos revelan que el entonces presidente del IAFAS, Silvio Vivas, habría recibido viajes y estadías en hoteles de Mautone antes de la renovación del contrato. Mautone retiene el 70% de la recaudación bruta del Casino de Victoria, un porcentaje considerado excepcionalmente alto. En otras provincias, como Mendoza o Buenos Aires, el Estado suele quedarse con el 60% de las ganancias. En Entre Ríos, la ecuación está invertida.
En 2019, cuando el municipio de Victoria impuso un canon comercial al casino, la provincia redujo su propio porcentaje del 37% al 30% para compensar al empresario, generando una denuncia que fue luego archivada. Mautone también opera salas en Mendoza y Buenos Aires, en sociedad con Daniel Angelici. Es considerado un empresario cercano al presidente Alberto Fernández y ha sido vinculado con el escándalo de Martín Insaurralde y Jésica Cirio, a quienes habría financiado viajes y producción televisiva.
Jorge Aníbal Pérez: NeoGame, NeoMedia y el puente con el poder
Jorge Aníbal “Mario” Pérez es propietario del Grupo NeoMedia (Canal 9 Litoral, portales “Ahora”, El Heraldo, El Día, radios) y de NeoGame S.A., la empresa que opera las salas oficiales del Hotel Howard Johnson Mayorazgo de Paraná. NeoGame nació como una UTE conformada por Newtronic S.A. (Ferrari) y Kaskira S.A., en la que Pérez tiene un rol protagónico. También participa del Telebingo televisado por IAFAS, que se transmite por sus propios medios.
En 2016, Pérez fue investigado por la Justicia por supuestamente regalarle un Audi A1 al entonces gobernador Urribarri. Aunque no fue condenado, el caso reveló su nivel de cercanía con el poder. Durante años, sus medios recibieron millonaria pauta oficial, consolidando una estructura de influencia económico-mediática. En 2023 compró Canal 8 de Mar del Plata y se vinculó con el Grupo Núcleo, interesado en el negocio del juego.
Se estima que retiene cerca del 70% de la recaudación de tragamonedas, según comparativas con otros contratos. Cuando el Casino Mayorazgo privatizó los juegos de mesa, el IAFAS pasó de quedarse con el 100% a apenas el 31%. Pérez ha diversificado poder, influencia y ganancias tanto por el juego como por los medios.
Newtronic: los Ferrari, 12 salas y una disputa millonaria
Carlos “Cacho” Ferrari y Alfredo “Freddy” Ferrari fueron hasta 2025 los dueños de Newtronic S.A., concesionaria de 12 salas de tragamonedas en el interior de la provincia: Gualeguaychú, Colón, Gualeguay, Villaguay, La Paz, Santa Elena, Nogoyá, Rosario del Tala, Villa Elisa, San Salvador, entre otras. Tenían exclusividad sobre las máquinas en cada localidad. Newtronic se convirtió así en la mayor operadora de salas de juego de Entre Ríos.
Carlos Ferrari tiene antecedentes penales por cohecho en Río Negro y ha sido vinculado con Cristóbal López. Aun así, firmó contratos ventajosos entre 2003 y 2016 que le garantizaban cerca del 70% de la recaudación, lo que atrajo el interés de grupos inversores. En 2024, el Grupo Núcleo ofreció comprar Newtronic por USD 4 millones, e incluso se habló de pagos ilegales a funcionarios por USD 600.000 para facilitar la operación.
En 2025, el IAFAS revocó la concesión a Newtronic por incumplimientos contractuales. La empresa respondió con una demanda contra el Estado. Finalmente, los hermanos Banfi (Grupo Teleinfor) compraron Newtronic y asumieron el control de sus salas, convirtiéndose en los nuevos jugadores fuertes del sector.
Carlos “Juancito” Carraro y el Casino Palmar
En Concordia, el empresario Carlos Donato “Juancito” Carraro opera las tres salas de juego oficiales bajo su firma Palmar Hotel Casino S.R.L. Carraro, de bajo perfil mediático, es dueño del hotel donde funciona la sala principal y también administra dos anexos. Su proyecto fue declarado “de interés municipal” por el entonces intendente Gustavo Bordet.
No tiene denuncias judiciales relevantes, pero su expansión ha sido criticada por habilitar una tercera sala en un barrio periférico. Ha realizado donaciones al municipio, y mantiene relaciones fluidas con los gobiernos locales. Es un actor clave en el mapa del juego de la costa del Uruguay.
Otros casos y el modelo entrerriano
En Concepción del Uruguay, la firma Entretenimientos de la Costa (liderada por Miguel Marizza y Jorge Cura) recibió una concesión por 30 años en 2013 para explotar la sala y la terminal de ómnibus. El proyecto fue denunciado penalmente por numerosas irregularidades. Hoy esas salas están bajo el control de los Banfi, que absorben así otro punto estratégico.
El modelo entrerriano es claro: empresarios con vínculos políticos reciben concesiones rentables a cambio de promesas de inversión. Muchas veces no cumplen, pero las salas operan igual. Varios de los mencionados han sido investigados por coimas, regalos indebidos o asociaciones con funcionarios.
La privatización del juego entrerriano contradice el espíritu de la ley original, pero es difícil de revertir. Los concesionarios se han vuelto actores de poder transversal, con medios, recursos y lobby político. Como dijo un informe de la Iglesia: “El juego de azar es un negocio que mueve gran cantidad de dinero para beneficio de unos pocos en detrimento de muchos”.
Mapa de concesiones – Entre Ríos
| Empresa / Grupo | Dueños / Representantes | Salas controladas | % Recaudación (estimado) |
|---|---|---|---|
| Casino Victoria S.A. | Daniel Mautone (presidente) | Casino de Victoria | 70% |
| NeoGame S.A. (UTE) | Jorge Aníbal Pérez y Hnos. Ferrari | Casino Mayorazgo, anexos y Telebingo | ~69% |
| Newtronic S.A. (hasta 2025) | Carlos y Alfredo Ferrari | 12 salas del interior | ~70% |
| Teleinfor S.A. (desde 2025) | Hermanos Carlos y Diego Banfi | Salas ex-Newtronic + Concepción del Uruguay | N/D |
| Palmar Hotel Casino S.R.L. | Carlos Donato Carraro | 3 salas en Concordia | N/D |
| Entretenimientos de la Costa | Miguel Marizza y Jorge Cura | Sala de Concepción (antes de Banfi) | N/D |
En Entre Ríos, el juego estatal es apenas una fachada. Los verdaderos dueños del juego son empresarios privados con vínculos políticos, beneficios fiscales y control de medios. El Estado asume los riesgos sociales y recibe una pequeña parte de la recaudación, mientras que el negocio queda en manos de unos pocos.
Son los ganadores perpetuos de una provincia empobrecida.
