Mientras el oficialismo se aseguró mayorías y acompañamiento peronista para sacar normas clave —como el Código Electoral (Ley 11.190) y el Régimen de Acceso a la Información Pública (Ley 11.191)— la Ley de Transparencia y Ética Pública sigue empantanada. El contraste es brutal: lo que sí se quiso, pudo y supo apurar, salió; lo más importante para blindar la gestión contra los privilegios y la corrupción, no.
El proyecto de Ética Pública ingresó por Diputados como iniciativa del Ejecutivo (Expediente 26785) y obtuvo media sanción el 29 de agosto de 2024 por unanimidad. Desde entonces, en el Senado hubo “avances” de comisión… y nada más. No hay ley sancionada ni publicación en Boletín Oficial al 15 de octubre de 2025: el expediente sigue publicado como proyecto, sin número de ley. Dicho simple: no pudo, no supo o no quiso empujarla.
La foto política desmiente cualquier excusa: cuando el Ejecutivo necesitó votos peronistas para otras prioridades (reformas fiscales, sostenibilidad/deuda, etc.), los consiguió. En cambio, la vara ética —la que incomoda a todos— quedó en el freezer parlamentario, camino al archivo si nadie la mueve.
Entre Ríos ya dio pasos en transparencia (acceso a la información, eliminación de gastos reservados), pero la piedra angular —reglas claras de conducta, incompatibilidades y control transversal para los tres poderes— sigue pendiente. Que no se diga que faltaron números: faltó voluntad política.
Conclusión: si Frigerio quiso hacer de la transparencia una marca de gestión, la prueba decisiva es sacar la Ley de Ética Pública ya. Todo lo demás es relato.
