La vocal del STJER publicó su “informe” para justificar 477 ausencias entre 2016 y 2021. Todo en regla, dice. El problema no es el papel: es la práctica. Si un juez puede ausentarse casi medio calendario a fuerza de “capacitaciones” y “actividades”, lo que falla no es el Excel: falla el control.
La discusión ya no admite eufemismos. Entre 2016 y 2021, Susana Medina acumuló 477 días sin pisar su vocalía. No hablamos de una falta aislada ni de una emergencia personal: hablamos de un método. Viajes, congresos, actos, cumbres, seminarios y toda la zoología burocrática de la “actividad institucional” reconvertida en un pase libre. ¿De verdad el Poder Judicial puede tolerar que la excepción se haga regla?
La defensa es conocida: “todo autorizado”, “todo rendido”, “todo de interés judicial”. Perfecto. Pero el interés del justiciable —la sentencia que no sale, el expediente que envejece en la bandeja— no tiene ventanilla de rendición. La ley prevé licencias para capacitarse: no para ausentarse en serie. Y si los topes se estiran todas las veces que haga falta, el tope deja de ser tope y pasa a ser coartada.
Otra muleta retórica: “la vocal también trabaja afuera del edificio”. Nadie discute que un juez estudie, enseñe o represente. Lo que se discute es quién paga el costo de una agenda que posterga el trabajo jurisdiccional. Si el Tribunal no exige prioridades, el mensaje es letal: lo académico puntúa más que lo jurisdiccional. Y cuando eso sucede, la Justicia se desprofesionaliza desde arriba: el expediente duerme, la ciudadanía se acostumbra al retardo y los fueros se convierten en escenografía.
No alcanza con “mostrar” viáticos, fotos, certificaciones y cifras de cursos. Al contrario: todo eso prueba que existió organización, planeamiento y voluntad para sostener esa dinámica durante años. Lo que falta es voluntad institucional para decir “hasta acá”, fijar límites efectivos y —si corresponde— reparar el daño a los usuarios del sistema.
En Entre Ríos sobran jueces y funcionarios que honran la toga sin autopromoción ni gira perpetua. Por ellos —y, sobre todo, por quienes esperan una resolución—, este caso exige auditoría, responsabilidades y cambios reglamentarios que impidan que la “capacitación” sea la puerta giratoria por donde se fuga el servicio de justicia.
