La crónica del Poder Judicial de Victoria no se escribe únicamente en el lenguaje frío de los expedientes ni en la liturgia diaria de los actos procesales. Se escribe también —y sobre todo— en los pasillos, en las designaciones que nunca se explican, en los reemplazos silenciosos, en los apellidos que se repiten. En ese escenario, el nombre de María Gabriela “Yela” Faccendini emerge como símbolo de una estructura donde la cercanía familiar y los pactos de poder pesan tanto o más que los concursos o la Constitución.
Sobrina del abogado Oscar Firpo, actor de peso en el foro local y referente de una generación de operadores con vínculos persistentes con el aparato político provincial, Faccendini inició su carrera como secretaria judicial, pero su influencia se fue consolidando a partir de un hecho significativo: durante años reemplazó como jueza suplente a la Dra. Del Valle, titular del juzgado civil, quien se ausentaba frecuentemente. Esa suplencia, lejos de ser episódica, se transformó en una delegación estructural de poder jurisdiccional, lo cual le permitió a Faccendini intervenir en decisiones sustantivas sin control externo ni supervisión institucional efectiva.
No es un dato menor que su permanencia como secretaria y su ejercicio fáctico de funciones jurisdiccionales haya coincidido con un período de captación institucional del Poder Judicial por parte de estructuras políticas provinciales. Como ha señalado la doctrina especializada, “la independencia judicial no solo se ve amenazada por interferencias externas, sino también por mecanismos internos de cooptación y reproducción de elites que impiden la renovación plural del sistema judicial” (María José Guembe, Independencia judicial y redes de poder, Revista Pensamiento Penal, 2019).
Este estado de cosas se mantuvo hasta que se consolidó un acuerdo político de alto nivel que habilitó una designación formal. Con el impulso de Jorge Busti, el aval ministerial de Rosario Romero y el respaldo territorial de Laura Stratta, se logró imponer al abogado Luis Francisco Márquez como titular del juzgado, desplazando definitivamente a Faccendini de su rol de suplente permanente.
La figura de Márquez no escapa al entramado que aquí se describe. Hijo de un retirado político de la era menemista, su perfil conservador y su pertenencia de clase le garantizan, a través de su profesión, vínculos fluidos con los sectores de poder económico, judicial y político de la ciudad y la provincia. Su llegada al juzgado no supuso una ruptura con el esquema anterior, sino una continuidad funcional legitimada con el ropaje de la formalidad institucional.
Así, Faccendini quedó nuevamente en el rol de secretaria, pero su conocimiento profundo del juzgado, su relación con litigantes influyentes y su respaldo corporativo la ubican, todavía hoy, como una operadora clave del sistema judicial local. Como sostienen Gargarella y Courtis, “el control judicial indirecto, a través de actores intermedios, puede resultar más efectivo y menos visible que las presiones abiertas” (Justicia y desigualdad, Siglo XXI, 2013).
Este primer capítulo no busca agotar el análisis, sino advertir sobre una regularidad: la justicia local sigue siendo, en buena parte, un enclave cerrado, donde las reglas de la imparcialidad y el mérito son reemplazadas por lealtades personales, herencias simbólicas y arreglos de cúpula. La familia judicial no es una metáfora: es una red.
