Rogelio Frigerio visitó las nuevas instalaciones del Tribunal de Cuentas junto a Diego Lara. Sonrieron, hablaron de transparencia, modernización y control. Pero por más que lo dinamicen y lo pinten de blanco, el olor a corrupción estructural no se va. Porque lo que está podrido no es el edificio: es el sistema que lo habita.
Con este Tribunal de Cuentas se validó el saqueo multimillonario de los contratos truchos, una estructura paralela de sueldos falsos y cheques por ventanilla que permitió robarse al menos 53 millones de dólares del presupuesto provincial. En ese esquema, Diego Lara cobró 546 cheques junto a su esposa, con bandera de diputado, en representación de al menos 20 de esos contratos. Está en la causa, está en el expediente.
Con este mismo tribunal se dejaron pasar las estafas en ENERSA, la desidia en Vialidad, y la obscena concentración de poder económico en manos de Alicia Benítez de Feltes y Beto Bahl, quienes manejaron presupuestos multimillonarios sin control real. También con este tribunal se miró para otro lado mientras sus propios hijos y entenados eran contratados en distintos organismos del Estado, sin rendir ni trabajar.
Hoy, el organismo que debería cuidar los fondos públicos es presidido por uno de los beneficiarios directos de ese saqueo. Y el gobernador lo exhibe como símbolo de una nueva era.
No es transparencia. Es cinismo. Y es parte del mismo pacto de impunidad.
