Francisco Márquez no es un juez más. Es, para decirlo con precisión, el juez peronista de Victoria. Un producto directo del armado político que encabezaron Sergio Urribarri y Gustavo Bordet, con su habitual combinación de militancia, acomodo y favores.
Márquez fue designado a dedo como juez suplente con apenas 27 años, sin experiencia ni mérito, y desde entonces viene construyendo una carrera más vinculada a la obediencia partidaria que al derecho.
Su ingreso definitivo fue parte de una maniobra escandalosa. Con la llegada del Superior Tribunal de Justicia de corte bustista, se impulsó una reforma a la reglamentación del Consejo de la Magistratura que hoy sigue vigente y está severamente cuestionada.
Esa reforma permitió que, por primera vez, se modificara sustancialmente el resultado de la prueba de conocimientos mediante la entrevista personal, en la que el Consejo –dominado por el STJ de Carubia, Medina y compañía– le dio vuelta la tabla a su favor.
Márquez había quedado detras del tercero. No era elegible. Pero la entrevista, ese tramo sin transparencia ni parámetros claros, lo hizo ingresar en la terna. Y luego fue elegido. Una designación a medida, avalada por el entonces gobernador Bordet, seguramente convencido por su mano derecha Laura Stratta, histórica aliada del juez y pieza clave del armado judicial en Victoria.
Stratta, que hoy se presenta como referente del feminismo institucional, fue la responsable directa de forjar una justicia débil, sin respuestas ante los femicidios, la proliferación del narcotráfico, la violencia sexual y la explotación de mujeres en la ciudad que dice representar.
Las leyes con nombre de mujer han servido más para acceder a bancas que para evitar muertes o proteger derechos.
Desde que Márquez ocupa el Juzgado, Victoria no fue la misma. Politizó el sistema judicial, avanzó en fallos funcionales al poder y, lo más grave, utiliza el instituto de la excusación como si fuera una herramienta de conveniencia.
En causas donde aparece su exsocio, el abogado Bosch –quien actúa en expedientes civiles de alto peso económico–, el juez no se excusa. Pero cuando se trata de causas sensibles, donde el Ministerio Público Fiscal tiene roces con el juzgado o aparece el nombre del fiscal Yedro, Márquez prefiere correrse. ¿Por qué? ¿A qué le teme? ¿Qué oculta?La discrecionalidad con la que el juez decide cuándo intervenir y cuándo no, erosiona la confianza ciudadana en la justicia. Y refuerza una certeza incómoda: que en Victoria hay una justicia de amigos, con jueces de partido y fiscales de selectiva iniciativa.
Hoy, con el Consejo de la Magistratura bajo la lupa pública y un Poder Judicial cada vez más desprestigiado, se vuelve imprescindible revisar estos nombramientos. Márquez no es solo un nombre: es el emblema de una justicia partidizada, débil y funcional. Una justicia que, cuando más se la necesita, se excusa.
