El sistema judicial entrerriano tiene una regla no escrita pero inviolable: el que manda, no cae. El video que hoy sale a la luz lo confirma de forma obscena. Allí se ve y se escucha a Juan Carlos Darrichon, entonces legislador provincial, reconociendo que falsificaban contratos, que cobraban sin trabajar y que todo se hacía como parte de un engranaje institucional avalado por las autoridades de Cámara.
Y lo dijo mientras era legislador, no diez años después, ni arrepentido. Lo dijo cuando estaba en funciones, con poder, con fueros, y delante de dos fiscales: Cecilia Goyeneche e Ignacio Aramberri. Fue citado como testigo, con abogado, en zona liberada, y su confesión no tuvo consecuencias. Ni lo imputaron, ni lo suspendieron, ni le abrieron una causa. Lo escucharon, lo anotaron y lo dejaron ir.
La estrategia: apuntar abajo para salvar arriba
Mientras Darrichon hablaba, la justicia ya había tomado su decisión: blindar a los legisladores y usar a los empleados rasos como chivos expiatorios. Los llamados «tarjeteros» –personal administrativo, choferes, punteros, algún que otro contador– fueron puestos en la picadora de carne judicial. Muchos accedieron a probation. Otros siguen procesados. Pero ni uno solo de los que firmaba los contratos truchos desde el despacho principal de la Cámara fue tocado.
Este video no es solo una prueba: es una prueba ignorada. Darrichon explica el mecanismo de estafa al Estado, con nombres, con lugares, con fechas, y los fiscales lo escuchan sin repreguntar. No hay preguntas incómodas. No hay indagatoria. No hay código penal para arriba.
Diez años después, la impunidad sigue oliendo fresco
Han pasado diez años desde que empezó el sistema de saqueo institucional con contratos truchos. Ya se sabe cómo funcionaba: los sueldos eran para familiares, punteros o prestanombres, quienes devolvían parte del dinero. Se firmaban asistencias falsas. Se usaban sobres. Se lavaba por tesorería.
Pero lo que el video de Darrichon muestra con crudeza es que la Justicia supo todo desde el primer día. Y no hizo nada.
Porque los legisladores eran protegidos. Porque el objetivo era “cerrar” la causa rápido apuntando a las hormigas, no a las cucarachas de traje.
Justicia para los perejiles, impunidad para los patrones
Hoy tenemos la foto completa:
Un legislador en funciones confesando fraude.
Dos fiscales escuchando, sin accionar.
Una causa que persiguió a los más débiles, que hoy pagan con probation o condenas mínimas.
Y una clase política intacta, con cargos, fueros, reelecciones y contratos nuevos.
No es justicia: es protección corporativa. No es castigo: es ensañamiento selectivo. La causa de los contratos truchos es la muestra perfecta del pacto de impunidad entre política y justicia en Entre Ríos.
Y si alguien duda, que vea el video.
