El 12 de noviembre de 2025, el juez de Transición y Garantías de Nogoyá, Oscar Rossi, ordenó una nueva inspección en La Candelaria con “alta tecnología”: drones DJI Matrice 300, georreferenciación y la promesa de pedir imágenes satelitales “retroactivas” a la NASA. El despliegue luce impecable… para cámara. Para resultados, es otra historia.
Van 23 años de una investigación que rastrilló el campo una y otra vez: luminol en 2008 (tres muestras de sangre humana sin correspondencia con los Gill), sobrevuelo con dron en 2015, excavaciones en 2018, y trabajos con el EAAF entre 2019 y 2022. ¿Qué cambia hoy, además del marketing del operativo? Si no hay hipótesis probatoria nueva, volver con “mejor equipo” es repetir más caro.
El libreto mediático es claro: promesas de “tecnología” para reencender expectativas en un expediente que la Justicia no supo resolver en dos décadas. Nadie discute que toda herramienta que sume debe usarse; lo que se discute es esta escenografía de impacto en un sitio ya rastrillado y recontrarrastrillado, sin rectificar errores metodológicos ni transparentar un plan serio de búsqueda con controles cruzados y cadena de custodia.
Y sí: Rossi es un juez amigo de las cámaras. También es el flamante magistrado “celebrado” por Marcelo Casaretto cuando asumió el cargo —un elogio público en redes que no necesita traducción sobre afinidades políticas—, tras un pliego y jura que también tuvieron su cuota de vidriera institucional. Todo válido; pero en causas como Gill, la Justicia no se mide por likes ni por reels, sino por resultados.
Conclusión. Tecnología sin dirección es ruido. Drones, satélites y geocercas no reemplazan lo que faltó durante años: método, control y coraje procesal. Si el terreno ya se barrió con máquinas, luminol, drones y el EAAF, volver a empezar sin una hoja de ruta verificable es, otra vez, jugar para la tribuna. Y en el caso Gill, lo último que hace falta es otro show judicial.
