La megacausa “Jóvenes Emprendedores – Créditos Truchos” registra ya más de 930 expedientes aprobados entre 2018 y 2022 por montos que oscilan entre $50.000 y $150.000 cada uno, sumando un presunto desfalco de casi $95 millones en arcas provinciales. Pese a la magnitud —y a las claras pruebas de actas digitalizadas con firmas adulteradas y CBU inexistentes—, la justicia entrerriana puso el foco en los “perejiles”: imputó al escribano Pedro Gebhart y a tres administrativos de segundo orden, pero dejó indemnes a Laura Stratta y Juan Bahillo, los padres políticos de la operatoria.
Evidencia clave
- Pericia informática de la UTN: detectó la creación masiva de usuarios “fantasma” en el sistema de carga de expedientes, con registros de alta y baja en horas imposibles (2–3 a.m.) para ocultar huellas.
- Informe de la Auditoría General: constató que el 87 % de los supuestos beneficiarios no figuran en el padrón de proveedores provinciales ni presentaron factura alguna.
- Declaraciones judiciales: dos exsubsecretarios aseguraron bajo juramento que recibían instrucciones directas de Bahillo para “agilizar” expedientes sin revisión documental.
El entramado político
- Laura Stratta (hoy vicegobernadora): creó en 2018 el “Registro Único de Emprendedores” y firmó el decreto que blindó el control interno. Nunca fue citada a indagatoria.
- Juan Bahillo (titular de Producción desde 2021): suscribió la orden de migración del programa a su jurisdicción y frenó dos auditorías internas que habían advertido irregularidades.
Quiénes están imputados
- Pedro Gebhart: escribano público y secretario de Desarrollo Emprendedor, acusado de falsificación de documentos y asociación ilícita.
- Cristian Klein, Tomás Osorio y Claudio Rosas Vico: tres funcionarios de línea, señalados por “manipulación dolosa de datos” y “encubrimiento agravado”.
El rol de la Fiscalía
El fiscal Gonzalo Badano decidió levantar el secreto bancario y fiscal de los imputados, ordenó el secuestro de servidores del Ministerio y requirió informes a la AFIP y al Banco Central para trazar cada transferencia. La Cámara de Juicio de Paraná, presidida por el juez Juan Malvasio, tiene previsto en agosto la audiencia de elevación a debate oral.
¿Escudo o látigo?
Si Bahillo y Stratta siguen esquivando citaciones, quedará en evidencia que la justicia entrerriana prefiere proteger a sus jefes políticos y sacrificar a los de abajo. La ciudadanía exige que este proceso vaya más allá de los “perejiles” de escritorio: sólo con un juicio pleno, con imputaciones a quienes diseñaron el fraude y con condenas ejemplares, se restaurará la confianza en el sistema.
La Caldera
