La Caldera
Silvina Murúa fue removida de su cargo como coordinadora de comedores escolares en Concordia tras detectar irregularidades millonarias en el manejo de fondos. Pero no cayó por corrupta. Cayó por denunciar.
“Yo confié. Avisé lo que pasaba. Y ahora me quieren hacer caer a mí”, dijo en una entrevista a Entre Ríos Ahora, publicada esta semana. La funcionaria expuso lo que ningún burócrata quiere escuchar: más de 66 millones de pesos en fondos públicos con destino incierto, supuestas cooperativas truchas, remitos sin respaldo y documentos inconsistentes. Desde entonces, el Estado provincial le soltó la mano, los funcionarios se llamaron a silencio, y el aparato político la dejó sola.
El mensaje es claro. En Entre Ríos, si hablás… te echan.
El diputado López, la denuncia y el cinismo
Murúa apuntó directamente contra el diputado Marcelo López, quien la impulsó para el cargo y ahora se despega como si no la conociera. No solo eso: la acusa de haberse “vinculado políticamente” al MID de Concordia, una excusa absurda que el propio partido desmintió. La usaron. La descartaron. Y ahora la señalan.
López no es un legislador más: integra nada menos que el Jurado de Enjuiciamiento. Ese mismo órgano que encubre, archiva y protege a fiscales y jueces sospechados, mientras se muestra implacable con quienes se animan a romper el pacto de silencio. Estuvo presente en las últimas votaciones donde se salvaron los suyos. Donde se cajonearon denuncias que lo rozaban. Donde se garantizó la impunidad del sistema.
Murúa estalló esa lógica. Y por eso ahora es una enemiga.
Entre Ríos, donde denunciar es un riesgo
El caso de Murúa no es el primero. Ni será el último. A Reggiardo, abogado querellante en causas sensibles contra el poder político, lo asfixian con recusaciones sin trámite legal, audiencias amañadas y decisiones sin firma. A Cecilia Goyeneche, fiscal Anticorrupción, la limpiaron del Poder Judicial apenas quiso ir a fondo en la causa de los contratos truchos.
El patrón se repite: el que investiga, el que habla, el que denuncia… termina afuera. Mientras tanto, los responsables siguen cómodos en sus bancas, en sus despachos, en sus cargos judiciales. Pertenecer tiene sus privilegios.
Una maquinaria de encubrimiento institucional
Entre Ríos no solo expulsa a quienes denuncian: los convierte en culpables. Se les da vuelta la carga de la prueba, se los expone como traidores, se los vincula con internas para desacreditar su palabra. Y siempre, siempre, se los deja solos.
Mientras tanto, los que deberían ser juzgados integran jurados de enjuiciamiento, presiden cámaras legislativas, dirigen organismos de control y negocian con fiscales amigos la supervivencia del aparato.
Murúa, con su voz quebrada pero firme, dijo lo que pocos se animan: “Yo confié”. El problema es que confió en un sistema que castiga la verdad y premia el silencio.
