La foto del día es brutal: la UTA Paraná pidiéndole a los trabajadores que no hagan “medidas aisladas” y que esperen “el reclamo judicial” por la transición del servicio. O sea: calma, bajen la voz y confíen. ¿En quién? ¿En los mismos que vienen licitando, adjudicando y comunicando un cambio “histórico” que todavía no explica qué pasa con la continuidad laboral y la antigüedad de 200 familias?
Mientras el gremio “ordena” a la base, el Municipio avanza con San José UTE como nueva prestataria. No es “la empresa conocida” que vendieron en conferencia: es una Unión Transitoria de Empresas armada por Transporte San José S.A. y Kenia S.A., radicadas en Misiones. La propia comunicación oficial y la prensa local lo dicen sin maquillaje.
¿Experiencia real o relato? La intendenta Rosario Romero elogió la “vasta experiencia” del esquema San José–Kenia. Pero en Misiones se documentó que San José fue creada en 2023, sin trayectoria urbana previa, y que opera asociada a Kenia S.A. (Grupo Horianski). Además, periodistas de Posadas vienen señalando **comentarios de un “vínculo directo” entre San José y el hegemónico Grupo Z (Zbikoski), el jugador dominante del transporte misionero. No es un detalle menor: habla de padrinazgos políticos y concentración.
Para completar el cuadro: el viceintendente Cáceres vendió el cambio como un “hito” que traerá 70–77 colectivos 0 km y más tecnología. Marketing perfecto… salvo por la letra chica: no hay continuidad empresarial (lo reconoció la propia Romero) y el gerente de San José dijo que “con nosotros entran con cero antigüedad”. Por eso la UTA salió a advertir que no permitirán despidos y que rige el art. 225 LCT (transferencia de establecimiento). ¿Entonces por qué el gremio también exige “no hacer medidas aisladas”? ¿A quién cuidan primero?
El otro elefante en la sala: la política misionera detrás del negocio. En Posadas, el transporte urbano está moldeado por el Grupo Z y su sintonía con el oficialismo provincial; hay notas públicas que muestran colectivos movilizando a la militancia renovadora y proyectos impulsados desde la Cámara que preside Carlos Rovira para expandir el esquema. ¿De verdad Paraná necesita importar ese modelo de hiperdependencia a una plaza que ya sufre tarifas, frecuencias y un servicio en caída?
Lo sustantivo
- El gremio debe defender a los choferes, no disciplinarlos. Si hay peligro sobre absorción y antigüedad, el conflicto es hoy, no después del “reclamo judicial”.
- El Municipio eligió una UTE foránea con anclaje en Misiones, vendida como “experta”, cuando la evidencia muestra una estructura nueva (San José, 2023) apalancada por otra firma (Kenia) y orbitando un ecosistema concentrado. Eso es riesgo regulatorio para Paraná.
- Transparencia: la ciudadanía merece conocer quiénes son los beneficiarios finales de San José UTE, sus balances, su financiamiento para 70–77 unidades 0 km y las cláusulas de garantías, penalidades y continuidad de personal del pliego. Hoy, todo es promesa y spot.
En síntesis: Romero terceriza el problema importando una UTE misionera “de laboratorio” y la UTA baja línea para que nadie se mueva mientras “litigan”. Los usuarios siguen sin certezas y los choferes, contando los días para saber si su antigüedad vale o no. Paraná no necesita más slogans: necesita contratos claros, control público duro y reglas que protejan a los que ponen el cuerpo. Si no, el “hito” será solo otro negocio blindado con padrinos a 1.000 kilómetros.
