La escena se repite: el anuncio oficial sobre carriles exclusivos para camiones en el volcadero, presentado como un avance en “seguridad y preservación de la gente”, termina abriendo viejas heridas en la memoria política de Paraná. Porque cada vez que se habla de basura, aparecen también las retroexcavadoras en la penumbra.
En el ojo de la tormenta vuelve a quedar Alejandro Canepa, hoy juez, pero con un pasado político imposible de borrar. Fue funcionario de José Carlos Halle entre 2007 y 2011, y más tarde contratado en la Cámara de Diputados (2011-2014) bajo la órbita de Halle y de Rosario Romero. En esos años, se repetía en pasillos y redacciones lo mismo: Canepa y el dirigente Marcelo Baridón eran dueños de retroexcavadoras que se alquilaban al municipio.
Nada de eso llegó a los tribunales, pero la sospecha nunca se extinguió. Hoy, con el relleno bajo la lupa, las mismas dudas resucitan: ¿de quién son las máquinas que trabajan, quién cobra por ellas y a cuánto ascienden esos contratos?
El caso de Marcelo Baridón también arrastra contradicciones difíciles de digerir. Fue abogado patrocinante en la causa contra el cura Justo José Ilarraz, defendiendo a las víctimas de abuso sexual. Pero años más tarde, su propio hijo lo denunció por violación. La paradoja es brutal: el abogado que se mostraba como estandarte de la defensa de los abusados, señalado por el abuso dentro de su propia casa.
La caldera hierve con la misma receta de siempre: funcionarios que devienen jueces, abogados con causas abiertas en lo privado, y un negocio millonario de alquiler de maquinaria al Estado. Entre la basura, el relleno y las retroexcavadoras, la historia parece repetirse como un loop eterno.
En Entre Ríos, la basura nunca desaparece: se recicla en la política y en la justicia.
