Por La Caldera
El Senado de Entre Ríos aprobó, con el voto dividido del peronismo, la reforma a la Ley N.º 10.746, que regula el juicio por jurados. La iniciativa, impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio y diseñada a medida de Juan Orrico hombre cercano al ministro de Gobierno Manuel Troncoso, limita la intervención ciudadana en los procesos penales más graves y devuelve el poder de juzgar a los jueces técnicos, justo cuando la sociedad empezaba a confiar en la transparencia del jurado popular.
⚖️ Una ley para volver al control del poder judicial
Hasta ahora, el juicio por jurado entrerriano era reconocido a nivel nacional por su espíritu democrático y participativo. Doce ciudadanos comunes, elegidos al azar, deliberaban y decidían sobre delitos graves, garantizando imparcialidad y control social sobre un sistema históricamente dominado por corporaciones judiciales.
La reforma aprobada saca de la órbita del jurado popular los delitos más graves, como homicidios, abusos y hechos de violencia institucional, dejando esas causas en manos de jueces técnicos. De esta forma, se restringe uno de los pocos mecanismos que aseguraban una mirada ciudadana dentro de los tribunales.
Lo paradójico es que nunca hubo en Entre Ríos un veredicto absolutorio de un jurado popular que haya puesto en riesgo la paz social o desatado polémica pública. Al contrario: los jurados demostraron ser responsables, razonables y atentos a las pruebas.
Sin embargo, los funcionarios judiciales parecen incomodarse con esa exposición.
👨⚖️ El caso Tortul y los jueces que sí fallan
La reforma consolida el poder de jueces como Dardo O. Tortul, de Gualeguay, quien —lejos del control ciudadano— permitió, siendo coordinador del MPF, que el tío de un fiscal firmara un juicio abreviado por abuso sexual contra su propia nieta, recibiendo una pena condicional. Ese tipo de decisiones, que causan indignación social, son las que el jurado popular jamás habría convalidado.
Con este cambio, Frigerio y Orrico buscan blindar a los magistrados de la mirada del pueblo. Se elimina la posibilidad de que la sociedad vea cómo operan algunos fiscales: cómo no saben exponer en público, no saben sostener una acusación en audiencia, no saben construir una elevación a juicio sólida, y dependen de que un juez técnico “corrija” sus errores o los salve de la nulidad.
🧱 Cerrar la justicia sobre sí misma
Detrás del discurso de la “eficiencia procesal” se esconde una maniobra para sacar del escrutinio social los juicios donde más se evidencian las falencias del Ministerio Público Fiscal.
El juicio por jurados obligaba a los fiscales a demostrar su caso frente a ciudadanos comunes, a explicarse, a probar, a convencer. Ahora volverán al terreno cómodo de la burocracia judicial, donde los tecnicismos valen más que la verdad.
Mientras otras provincias avanzan hacia una justicia abierta, Entre Ríos retrocede hacia una justicia cerrada, corporativa y autorreferencial, donde los mismos jueces y fiscales que se equivocan siguen decidiendo sin testigos incómodos.
🚨 Un retroceso institucional
El juicio por jurado fue una conquista republicana: la justicia en manos del pueblo, no del poder.
Hoy, la alianza entre Frigerio y Orrico lo reduce a una formalidad controlada, para preservar la zona de confort de quienes temen rendir cuentas ante la sociedad.
Entre Ríos no necesitaba menos jurados. Necesitaba menos jueces complacientes y más rendición de cuentas.
